Milei firmó polémico convenio para otorgar beneficios sociales a ciudadanos israelíes

En mayo de 2024 entró en vigor el Convenio de Seguridad Social entre Argentina e Israel, firmado originalmente en 2017 y aprobado por ley en diciembre último. El acuerdo, publicado en el Boletín Oficial, permite que ciudadanos israelíes que se trasladen a la Argentina tengan acceso a jubilaciones, pensiones, asignaciones por maternidad, discapacidad y otros beneficios del sistema previsional nacional. 

La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, fue formalizada tras la publicación del reglamento en mayo pasado. La medida genera debate en distintos sectores, que cuestionan destinar partidas limitadas de recursos públicos a personas que no integran el sistema contributivo argentino. Sin embargo, defensores del convenio subrayan su marco legal: se trata de un tratado bilateral que promueve la movilidad internacional de los derechos previsionales.

Desde Balcarce 50 argumentan que el acuerdo responde a compromisos asumidos en 2017, y que busca fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Ante los cuestionamientos, voceros oficiales señalaron que se están evaluando mecanismos para garantizar que los beneficiarios cumplan con los requisitos formales del sistema, como haberse radicado legalmente y haber realizado aportes mínimos establecidos.

Analistas consultados explican que los tratados de seguridad social permiten a la Argentina extender cobertura a retirados extranjeros sin generar impacto adicional en el sistema, siempre y cuando exista reciprocidad. En este caso, ambos países se comprometen al reconocimiento de prestaciones entre sus nacionales, con un cálculo proporcional basado en los años cotizados en cada jurisdicción.

La activación del convenio coincide con una serie de movimientos diplomáticos recientes: el gobierno firmó memorandos con Israel para fortalecer la cooperación en seguridad y antiterrorismo, y se negocia un acuerdo de libre comercio con ese país. Esta decisión, enmarcada en una estrategia de alineamiento con democracias afines, amplía la órbita de compromisos internacionales asumidos por el Ejecutivo.

Hasta el momento no hubo manifestaciones oficiales de rechazo desde la oposición o de representantes de trabajadores. En el ámbito social, el tema generó críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionan la prioridad de aplicar recursos a ciudadanos extranjeros antes que atender demandas locales.

El Ejecutivo sostiene que el tratado no implicará desembolso adicional del Tesoro, ya que los beneficios se calcularán en función de las contribuciones realizadas por los beneficiarios y el sistema pagará prestaciones proporcionadas. No obstante, resta esperar informes técnicos que evalúen el impacto real del acuerdo sobre el sistema previsional argentino.