Con un decreto reciente, el Gobierno nacional dejó sin efecto la obligación de hacer las jornadas “Educar en Igualdad” en escuelas de todo el país. Ahora quedará en manos de cada provincia decidir si las continúa o no.
Sociedad28/06/2025
Por Expresión del Sur
El presidente Javier Milei eliminó la obligación del Estado nacional de garantizar la realización de las jornadas escolares “Educar en Igualdad”, una política educativa que tenía como objetivo prevenir la violencia de género y que se venía desarrollando en escuelas primarias, secundarias y terciarias desde 2015.
La medida se formalizó esta semana a través del Decreto 436/2025, que modifica la Ley Nacional 27.234, y deja en manos de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires la decisión de continuar —o no— con esas jornadas. De esta manera, el Gobierno nacional ya no estará obligado a promover ni coordinar esos espacios de formación que se realizaban, al menos una vez al año, en todo el sistema educativo.
Las jornadas “Educar en Igualdad” surgieron como una respuesta institucional frente a los crecientes casos de violencia de género en todo el país. Fueron creadas en 2015, sancionadas por el Congreso durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y promulgadas como ley por el expresidente Mauricio Macri, en uno de los pocos consensos políticos interpartidarios sobre una política de derechos.
El decreto firmado por Milei, su ministra Sandra Pettovello y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, no menciona directamente en el título ni en los primeros párrafos la eliminación de las jornadas de género. De hecho, el texto se presenta como una reforma en materia de seguridad vial, y recién en sus tramos finales introduce el cambio sobre “Educar en Igualdad”.
Esta estrategia ya ha sido utilizada por el Ejecutivo en otros decretos: se presenta una temática en el encabezado y luego, entre párrafos extensos, se incorporan artículos con contenidos ajenos, en algunos casos controvertidos.
Un antecedente reciente fue el Decreto 340/2025, que en teoría regulaba el régimen de excepción para la Marina Mercante, pero en sus últimas páginas declaraba esenciales una serie de servicios y limitaba el derecho a huelga. Esa maniobra fue rechazada por la CGT, que presentó una medida judicial y logró un fallo favorable de la Justicia laboral.
Según el Gobierno, mantener la responsabilidad sobre estas jornadas desde el Ejecutivo nacional “resulta innecesario” y contrario a la autonomía de las provincias en materia educativa. Además, sostienen que eliminar esta obligación permite reducir el tamaño del Estado, bajar el gasto y equilibrar las cuentas públicas, en línea con los argumentos económicos que utiliza la gestión Milei para justificar los recortes.
Desde distintos sectores educativos y sociales se alertó sobre las consecuencias de esta decisión. Denuncian que el retiro del Estado nacional de una política tan sensible podría dejar desprotegidas a miles de niñas, niños y adolescentes, especialmente en las provincias con menos recursos o voluntad política para sostener las capacitaciones.
“Educar en Igualdad no era un lujo, era una herramienta concreta para prevenir el machismo, los abusos y la violencia en las aulas y en los hogares”, señalaron desde organizaciones feministas, que ya preparan recursos legales y acciones públicas en repudio a la medida.
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