Metán: ¿Qué es la OFIJU? El plan piloto que cambia la dinámica de los juicios

Desde hace dos años, el Poder Judicial de Salta puso en marcha un plan piloto que contempla la creación y funcionamiento de Oficinas Judiciales en los distintos distritos de la provincia, entre ellos el Distrito Judicial del Sur – Metán. Este nuevo esquema organizativo tiene como finalidad optimizar los tiempos procesales mediante la implementación de audiencias multipropósito, fortaleciendo el principio de oralidad y desburocratizando la labor de los jueces.

La Oficina Judicial se encarga de centralizar todas las tareas administrativas necesarias para la fijación de audiencias, la gestión de citaciones, notificaciones y demás actos de mero trámite. De este modo, el juez puede abocarse exclusivamente a su rol jurisdiccional, es decir, a resolver cuestiones de fondo en audiencias orales con presencia de todas las partes.

En el caso de Metán, el plan se desarrolla en tres etapas, con una primera fase centrada en el ámbito de los juzgados de Garantías. Allí, cuando alguna de las partes solicita la revisión de una prisión preventiva, la Oficina Judicial fija una audiencia multipropósito, en la que no sólo se aborda esa cuestión, sino que se pueden tratar otros aspectos relevantes de la causa. De acuerdo con fuentes judiciales, ya se han resuelto causas mediante juicios abreviados durante estas audiencias, lo que demuestra la versatilidad del mecanismo.

El propósito principal de estas audiencias es permitir que el juez tenga un contacto directo con las partes del proceso: la fiscalía, la defensa, la víctima y el imputado. Esto representa un cambio importante respecto del sistema anterior, en el cual muchas decisiones se tomaban por escrito, dilatando los tiempos y dificultando la inmediación entre el magistrado y los intervinientes.

“El juicio abreviado es una modalidad que permite a las partes llegar a un acuerdo, en el que el imputado reconoce el hecho y se consensúa una pena. El rol del juez es evaluar si el acuerdo es legal, si respeta las garantías constitucionales y si la calificación jurídica y la pena acordada son razonables. En función de eso, puede aceptar o rechazar el acuerdo”, explicaron desde el Poder Judicial en una entrevista a Spacio TV.

Esta modalidad generó avances en la resolución anticipada de conflictos, evitando la celebración de juicios extensos y costosos. Según explicaron las autoridades judiciales, la finalidad es brindar una respuesta más rápida, eficiente y cercana a las personas involucradas en los procesos penales.

Aunque se trata de un plan piloto, varias provincias ya observan con interés la experiencia salteña. Algunas jurisdicciones, como Neuquén, tienen este sistema implementado desde hace más de una década; otras, en cambio, recién comienzan a adoptarlo. En ese marco, Salta se posiciona como pionera en el fortalecimiento de la oralidad y la celeridad judicial.

Desde el Poder Judicial indicaron que los resultados son alentadores y que se ha incrementado la cantidad y frecuencia de audiencias programadas, lo que refleja una mayor eficiencia operativa. También destacaron que, si bien al principio fue necesario reorganizar recursos humanos y crear nuevas oficinas, actualmente el sistema está consolidado y se espera que pronto tenga respaldo normativo formal mediante una ley.

Uno de los beneficios más visibles es la reducción de los tiempos procesales. Antes, un juicio podía tardar meses o incluso años en llegar a la etapa de debate. Hoy, gracias a las audiencias anticipadas y la intervención temprana del juez, muchas causas se resuelven en etapas previas, incluso en cuestión de días.

“Antes el juez tomaba conocimiento de la causa recién al final. Ahora tiene participación desde las primeras etapas, lo que permite soluciones más rápidas y acordes a cada caso. Hay audiencias previas al debate donde se pueden lograr acuerdos beneficiosos, tanto para los imputados como para las víctimas, que ahora tienen la oportunidad de expresarse directamente ante el juez”, explicaron.

Finalmente, desde la conducción judicial evaluaron como positivo el funcionamiento de la Oficina Judicial, no sólo por la eficiencia del sistema penal, sino también por los beneficios que implica para los profesionales del derecho y para la ciudadanía en general.

“Los abogados ya no deben trasladarse entre juzgados. Todo se centraliza en una única oficina que coordina estratégicamente el avance de las causas. Eso facilita el trabajo de todos y mejora el acceso a la justicia. Estamos satisfechos con los resultados y esperamos que pronto este sistema deje de ser experimental para convertirse en una política judicial permanente”, concluyeron.