Testimonios y pericias apuntan a deficiencias en la custodia penitenciaria salteña

En la quinta jornada del juicio oral y público que se sigue en Salta contra ocho imputados por integrar una presunta red narco dentro de la Unidad Carcelaria N°1, declararon seis testigos convocados por la Unidad Fiscal, entre ellos peritos y exinternos que señalaron a personal penitenciario como parte activa de maniobras ilegales de ingreso de estupefacientes, teléfonos celulares, dinero y alimentos. Un testigo denunció haber sido agredido y castigado con aislamiento tras prestar testimonio en sede judicial.

La acusación es impulsada por el procurador general Pedro García Castiella junto a los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. En esta oportunidad, brindó declaración un sargento ayudante responsable del análisis de cámaras de videovigilancia y de informes elaborados a partir del material extraído de teléfonos celulares secuestrados en distintos procedimientos.

Entre las pruebas presentadas, se proyectó un video que muestra a un agente del Servicio Penitenciario ingresando tres cajas de pizza por una oficina administrativa del penal, sin pasarlas por el scanner. Luego, desaparece de la grabación durante 20 segundos —en un punto ciego— y reaparece con las cajas ya escaneadas, dirigiéndose por los pasillos internos hasta el pabellón K. Allí se lo observa ingresar a una oficina rotulada como “Jefatura”, a la que luego accede un interno con una bolsa, seguido de un jefe de pabellón. Minutos después, el interno se retira con una caja oculta dentro de una bolsa blanca.

El informe técnico se completó con fotografías extraídas de uno de los celulares secuestrados a familiares de internos. Se mostraron imágenes de una transferencia bancaria por $40.000, sustancias presuntamente estupefacientes, una balanza digital y capturas de pantalla de chats en los que se organizaban entregas de droga. El análisis incluyó la identificación de contactos telefónicos, el cruce de información entre IMEIs y registros judiciales.

Posteriormente declaró un exinterno alojado actualmente en otro establecimiento carcelario. El hombre señaló que conocía a los agentes por sus apodos y que varios de ellos ingresaban marihuana, pasta base, celulares y comidas para ser entregadas a determinados internos encargados de su distribución. “Muchísimas veces le hice transferencias al ‘Gordo’ para comprar droga, celulares o comida. Ahí se vende todo: conducta, droga, carne, celulares, concepto… todo”, afirmó ante el Tribunal.

Denunció además que, tras declarar ante la UDEC en enero de este año, fue golpeado por personal penitenciario y castigado con 60 días de aislamiento por disposición del jefe de Seguridad Interna. La Unidad Fiscal pidió que esa situación sea remitida a la Fiscalía de Derechos Humanos, solicitud que fue aceptada por el tribunal conformado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar.

Otro testigo, también exinterno, relató que comenzó a consumir drogas dentro del penal y que conseguirlas “es fácil”. Explicó que su madre realizaba transferencias por pedido suyo a los alias que le indicaban los encargados del circuito. “Yo le decía que era para comprar comida o madera, pero era para la droga”, expresó.

También brindó testimonio el exsubdirector del penal, Gabriel Ángel, quien señaló que al asumir el cargo intentó auditar la documentación del Consejo Correccional y se encontró con la inexistencia de actas respaldatorias. Indicó que en el año 2022 se otorgaron numerosos beneficios sin registros formales y mencionó a uno de los imputados como secretario de Actas.

El juicio continuará el lunes a las 8 con la incorporación de nuevas pruebas testimoniales. La causa tiene en el banquillo a funcionarios penitenciarios, familiares y detenidos, acusados de conformar una organización criminal que operaba desde el interior del penal, con vínculos hacia el exterior, valiéndose de una red estructurada de complicidades.