Tras las denuncias por supuesta persecución, la gestión local justificó la medida y negó arbitrariedades. Apuntó a la presencia de menores y a la necesidad de hacer cumplir la ley.
Sociedad20/07/2025
Por Expresión del Sur
Luego de que empresarios del rubro nocturno denunciaran una supuesta persecución por parte del gobierno municipal y apuntaran directamente contra las autoridades locales, la Municipalidad de Las Lajitas salió a dar su versión sobre lo ocurrido con el boliche Country Club, clausurado días atrás.
A través de un comunicado oficial, la Oficina de Habilitaciones y Verificaciones explicó que el cierre del local no se debió a motivos políticos ni discrecionales, sino a una infracción grave: la presencia de menores de edad en el interior del establecimiento durante la madrugada, en un evento con baile público y expendio de bebidas alcohólicas.
Según el documento, el hecho fue detectado durante un control rutinario de la Policía provincial el sábado 6 de julio, a las 4:45 de la mañana. Se labró un acta contravencional en el marco de la Ley N° 7135/01 y se dio intervención a la Fiscalía Penal y a la Asesoría de Menores e Incapaces. Como consecuencia, se inició un sumario administrativo y se procedió a la clausura temporal del local, “de acuerdo a la ley”.
El municipio negó de forma tajante que exista una intención de perjudicar al comercio o a sus responsables. “Desde esta gestión hay una firme determinación de verificar el cumplimiento de las normativas vigentes, especialmente en lo que respecta a la presencia de menores en espacios destinados a adultos”, remarcaron.
La versión oficial se conoció tras la fuerte reacción de dueños de boliches, quienes acusan un patrón de trabas burocráticas, demoras injustificadas y un uso desigual de los controles. “No pedimos privilegios, solo reglas claras y el derecho a trabajar”, habían expresado desde el Country Club, sumando que ya evalúan acudir a instancias superiores si no obtienen respuestas concretas.
Mientras crece la tensión en torno a la movida nocturna en Las Lajitas, el caso reabre el debate sobre los criterios con que se aplican las normas y el margen de discrecionalidad con el que pueden operar los poderes locales.
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