Toman tierras del Ferrocarril en Piquete Cabado: 30 familias piden respuestas

Treinta familias de Piquete Cabado, una localidad olvidada en el mapa institucional, decidieron ocupar terrenos del Ferrocarril Belgrano hace tres semanas. Lo hicieron empujadas por el hacinamiento, la falta de trabajo, los alquileres impagables y la nula respuesta de las autoridades municipales y provinciales.

El conflicto creció tras la visita de Gendarmería Nacional, que anunció verbalmente un inminente desalojo, supuestamente ordenado por una fiscalía federal, aunque hasta ahora no hay orden judicial ni nombres de magistrados ni funcionarios que se hagan cargo.

Entre recuerdos y críticas, vuelve a sonar el nombre de Irma Caro en González

“No tenemos dónde vivir”, repite una vecina que hace de vocera. En su caso, paga $60.000 por una pieza sin cocina y baño compartido, y otros $100.000 en impuestos. Como ella, otras mujeres –madres solteras, muchas con niños pequeños o embarazadas– se enfrentan a la imposibilidad de alquilar o comprar: los terrenos en la zona superan los 20 millones de pesos, una cifra inalcanzable para quienes sobreviven sin empleo formal.

Terrenos fiscales y funcionarios ausentes

Las familias aseguran que el municipio de Joaquín V. González tiene terrenos fiscales disponibles y donados, donde podrían ser reubicadas. También señalan que en la zona tomada hay sectores con casas ferroviarias habitadas desde hace años y chancherías, sin que nadie haya sido desalojado.

Pese a ello, ninguna autoridad se presentó a mediar y, solo escucharon sus problemáticas. “Hace diez años que estamos abandonados. Si no fuera por Las Lajitas o por la empresa Bunge, esto sería un paraje fantasmal”, expresó otra mujer. 

Los reclamos también llegaron a la senadora Alejandra Navarro, al diputado Enzo Alabí y a concejales locales, pero ninguno de ellos ofreció soluciones concretas, aseguran.

Un reclamo de tierra, no una toma

Lo que sucede en Piquete Cabado no es un conflicto aislado. Es el reflejo del profundo déficit habitacional y de la falta de políticas públicas en las localidades del interior. Lejos de los despachos y de los medios masivos, familias enteras sobreviven en la informalidad y sin tierra.

No es solo una toma. Es un grito. Un pedido de tierra digna, de presencia estatal y de diálogo. Porque sin esas respuestas, la única opción que queda para muchas madres es la intemperie.