En el juicio por la red narcocriminal carcelaria, el director del Servicio Penitenciario reconoció que hubo beneficios indebidos para internos con la participación de personal penitenciario. También declararon investigadores de la UFINAR y se expusieron pruebas sobre el funcionamiento de la organización delictiva desde el penal.
Judiciales08/08/2025
Por Expresión del Sur
En la cuarta jornada del juicio que se lleva adelante contra una presunta red de narcotráfico que operaba desde el interior de la Unidad Carcelaria N° 1, declaró ante el Tribunal el actual director general del Servicio Penitenciario de Salta, Enrique Torres, quien reconoció la existencia de maniobras irregulares por parte de personal penitenciario, consistentes en la entrega de beneficios indebidos a determinados internos, entre ellos imputados en esta causa.
La audiencia se desarrolló ante el Tribunal de Juicio integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, con la intervención de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), encabezada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. La defensa técnica de los veinte imputados estuvo a cargo de abogados particulares y defensores oficiales.
Durante su declaración testimonial, Torres indicó que en los años 2022 y 2023, mientras se desempeñaba como inspector general del Servicio Penitenciario, se detectaron numerosas irregularidades en expedientes vinculados al régimen de progresividad de la pena, particularmente en lo referido al otorgamiento de beneficios como salidas transitorias, traslados de pabellón y evaluaciones de conducta y concepto.
El testigo mencionó que los primeros indicios surgieron a partir de informes del Departamento de Inteligencia Penitenciaria, los cuales fueron corroborados por documentación administrativa interna. Las sospechas apuntaban al entonces funcionario de la Dirección de Vigilancia y Tratamiento, Francisco Bisceglia, a quien se le atribuyen prácticas tales como el ingreso de celulares, cargadores, sustancias estupefacientes, alimentos y bebidas sin control, así como la elaboración de informes correccionales favorables sin sustento.
Torres explicó que, ante la gravedad del caso, y dadas las limitaciones estructurales del sistema de control interno, se resolvió elevar la situación a la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal, descartando la posibilidad de una investigación administrativa interna por falta de condiciones de imparcialidad.
Entre las falencias señaladas, detalló la existencia de planillas sin firma, expedientes incompletos y la ausencia de notificaciones formales a los internos. También describió el sistema de evaluación correccional, basado en calificaciones de conducta y concepto, puntaje que incide en el avance dentro del régimen penitenciario.
Asimismo, admitió deficiencias en los controles de ingreso al penal y requisas, tanto para visitas como para el personal penitenciario, revisiones que —según indicó— no incluyen inspección corporal ni control minucioso de efectos personales. Reveló también que el ingreso de elementos prohibidos se produce, en muchos casos, mediante lanzamientos desde el exterior o con la colaboración de agentes penitenciarios.
Consultado por la Unidad Fiscal sobre si los objetos secuestrados en celdas pueden permanecer en la oficina del jefe de pabellón, respondió que “no pueden quedar ni por un instante” y que “deben ser retirados inmediatamente por personal de la División Sumarios”. Cabe recordar que, en el allanamiento efectuado en diciembre de 2023, fueron hallados cargadores y armas tipo “punta” en el escritorio del jefe de pabellón.
En relación al manejo de dinero, el funcionario fue enfático al señalar que “el personal penitenciario no está autorizado a recibir transferencias de dinero de familiares de internos”.
Posteriormente, prestaron declaración funcionarios de la UFINAR que participaron en la investigación y los allanamientos. Expusieron el entrecruzamiento de datos bancarios, billeteras virtuales, escuchas telefónicas y análisis de redes sociales, mediante los cuales se logró vincular al interno Manuel Méndez con la distribución de drogas dentro del penal, y a su madre, María Inés Méndez, como proveedora externa.
Además, el oficial Oscar Ruiz Córdoba presentó registros fílmicos donde se observa al jefe de pabellón Castaño ingresando con una bolsa blanca que no fue inspeccionada en los controles, hecho que refuerza las sospechas sobre el rol activo de agentes penitenciarios en la maniobra delictiva.
La ronda de testigos continuará este viernes a partir de las 8, en la Sala de Grandes Juicios.
Por solicitud del Ministerio Público Fiscal, el acusado de haber dado muerte a un hombre durante un hecho ocurrido en barrio Santa Ana continuará detenido hasta el juicio oral, por riesgo de fuga y entorpecimiento procesal.
Un joven de 23 años fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tras ser sorprendido en la vía pública con más de 50 envoltorios de pasta base, dinero en efectivo y otros elementos de interés.
Tres personas fueron imputadas en Río Piedras por agresiones, amenazas y uso ilegal de armas, tras un episodio violento que incluyó disparos y afectó a varios vecinos, entre ellos una persona con discapacidad.
La atleta metanense se consagró tricampeona en el torneo internacional Musumeci 2025, desarrollado en Buenos Aires, donde representó al país y a la provincia en tres categorías del fisicoculturismo.
Un video difundido en redes sociales ha encendido las alarmas en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.
Un violento hecho ocurrido días atrás en Metán Viejo derivó en la detención de tres sujetos acusados de atacar con armas blancas a un vecino que se desplazaba junto a su hijo menor. La víctima sufrió una grave lesión en la cabeza y debió ser derivada a Salta.
Según informaron medios de Salta Capital, confirman el fallecimiento del cantante salteño Seba Velázquez, quien fue víctima del trágico accidente de tránsito sucedido esta mañana.
Familiares de efectivos que prestan servicio en distintos puntos de Salta denunciaron una disposición que —según expresaron— viola derechos laborales básicos y expone a los uniformados a jornadas extenuantes, sin remuneración, descanso ni condiciones mínimas de dignidad.
