La UNSa adhiere al paro nacional universitario de 48 horas

Docentes y trabajadores de las universidades nacionales llevarán adelante este martes 21 y miércoles 22 de octubre un paro nacional de 48 horas, en reclamo de la promulgación y puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el presidente Javier Milei.

La Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada ampliamente por el Congreso, con el objetivo de establecer fondos específicos para salarios docentes y no docentes, funcionamiento, infraestructura, becas, y actualización automática según inflación. 

Sin embargo, el Presidente vetó la ley, lo que generó una fuerte reacción de gremios universitarios que ya habían advertido que “si hay veto, hay paro y movilización”. 

También hay reclamos por la pérdida del poder adquisitivo de salarios universitarios, presupuestos que no fueron actualizados, y fondos de funcionamiento que se encuentran comprometidos. 

Medida de fuerza

Los principales gremios universitarios, han convocado el paro nacional de 48 horas para los días indicados. En su comunicado indican que la medida se da “por el cobro del 43 % adeudado, y por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario”. 

¿Qué implica para la UNSA?

En el caso particular de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) es probable que durante esos dos días se suspendan actividades académicas, de investigación y administrativas en el marco del paro nacional, alineándose con la convocatoria de los gremios a nivel nacional.

La comunidad universitaria de la UNSA se ve directamente afectada por el retraso en la puesta en marcha de la ley, ya que los recortes de funcionamiento y la desactualización salarial repercuten en todas las casas de altos estudios.

Es importante que se recojan datos específicos de la UNSA (decisión del Consejo Superior de la universidad, adhesión del gremio local, efectos concretos en aulas/laboratorios) para dar un tratamiento más localizado al conflicto.

El paro genera un impacto significativo en la universidad pública nacional, donde según gremios y autoridades el presupuesto ha quedado rezagado frente a la inflación, lo que pone en riesgo el funcionamiento normal de las casas de estudio. 

También abre un desafío político para el gobierno, ya que el veto presidencial enfrenta no sólo rechazo gremial sino movilizaciones estudiantiles y académicas que reclaman concreta inversión. 

En la UNSA y en otras universidades, el paro puede derivar en prolongaciones del conflicto si no se logra una negociación o compromiso claro de aplicación de la ley. La visibilidad del conflicto puede aumentar con marchas, actos en facultades, y cobertura mediática, lo que podría tensionar aún más la agenda educativa del país.