Un grupo de abogados presentó una solicitud formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público para que se inicie el proceso de remoción contra la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio.
Judiciales03/11/2025
Por Expresión del Sur
La presentación fue firmada por los letrados Leonor Russo Pascual y John Grover Dorado -quienes invocan los artículos 62, 160 y 165 de la Constitución Provincial y apunta a la titular de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos y también Fiscal de Impugnación de 1ª Nominación.
Según el escrito al que accedió Nuevo Diario, presentado el pasado 30 de octubre, los denunciantes atribuyen a la funcionaria dos supuestos hechos que encuadrarían en causales de mal desempeño, retardo de justicia y presunto incumplimiento de deberes, dentro del marco de una causa vinculada a denuncias sobre documentación inmobiliaria y expedientes judiciales.
El primero de los fundamentos de la presentación menciona que los hechos en cuestión se relacionan con una presentación realizada el 19 de agosto de 2024 en la Unidad de Delitos Económicos Complejos, y que el origen de la denuncia incluye documentación de inmuebles y escrituras públicas.
Según el escrito, los denunciantes habrían pedido a la fiscal avanzar con una investigación vinculada al Instituto Provincial de Vivienda (IPV), a quien acusan de haberse “apropiado ilegítimamente de más de 181 lotes” cercanos al centro de la capital.
De acuerdo con el texto, los denunciantes solicitaron medidas para identificar ocupantes de los terrenos; evitar nuevas ocupaciones; avanzar con acciones penales contra funcionarios del IPV, especialmente su apoderado, José Hubaide, quien habría autorizado la escrituración de lotes que se encontraban en sus cédulas parcelarias con anotación de Litis, y frenar dichas autorizaciones.
La presentación sostiene que la fiscal no habría impulsado la causa durante más de un año y medio, lo que —según denuncian— permitió el avance de ocupaciones y generó “daños económicos irreparables” para los denunciantes.
El expediente fue ingresado para su análisis por el Jurado de Enjuiciamiento, que evaluará si corresponde abrir un proceso formal y pedir descargos a la fiscal Salinas Odorisio.
Asimismo, en la citada presentación, también plantean, en el segundo eje del pedido de remoción que hay presunta incompatibilidad constitucional por doble cargo; alude a la supuesta incompatibilidad para ejercer simultáneamente dos funciones públicas.
La presentación cita:
Decreto 650/18, que la designó Fiscal Penal, y decreto 718/24, que la designó Fiscal de Impugnación Nº 1.
Los denunciantes afirman que la fiscal estaría desempeñando ambos roles en forma concurrente, hecho que —según argumentan— violaría el Artículo 62 de la Constitución Provincial, que prohíbe el ejercicio de más de un cargo público, salvo docencia u otras excepciones legales.
El escrito agrega que el Artículo 165 constitucional equipara las condiciones de fiscalía con las de magistrados judiciales, quienes están alcanzados por las mismas reglas de incompatibilidad e intangibilidad.
El Jurado deberá evaluar si avanza
El Jurado de Enjuiciamiento analizará ahora si corresponde: Declarar admisible la denuncia; Correr vista a la fiscal; Iniciar un proceso de enjuiciamiento forma.
Contexto
La fiscal Salinas Odorisio es una figura de alto perfil institucional, habiendo intervenido en causas de relevancia pública vinculadas a delitos económicos y hechos de corrupción administrativa en la provincia.
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