La abogada María Cecilia Corral Martín enfrenta hoy el plazo final para presentar su descargo ante el Senado, en medio de cuestionamientos por la desaparición parcial de un expediente que complica su posible designación como jueza de garantías.
Actualidad02/12/2025
Por Expresión del Sur
La designación de María Cecilia Corral Martín como jueza de Garantías del Distrito Judicial del Sur, con asiento en Metán, desató un conflicto sin precedentes entre el Poder Ejecutivo provincial, el Senado y sectores del Poder Judicial. La polémica gira en torno a presuntas irregularidades en la custodia de expedientes judiciales, intereses familiares y decisiones políticas que ponen en jaque la transparencia en la selección de magistrados.
El cargo quedó vacante tras el retiro del juez Mario Teseyra, y la convocatoria para ocuparlo atrajo a 17 postulantes, de los cuales 11 avanzaron a la instancia final. Tras las entrevistas y exámenes realizados por el Consejo de la Magistratura de Salta, presidido por el juez Eduardo Barrionuevo con participación del diputado Sebastián Otero, la terna quedó encabezada por Vanesa Claudina Herrando, con 66,99 puntos, seguida por María Cecilia Corral Martín, 60,40 puntos, y Valeria Alejandra García, 60,04.
A pesar de que Herrando obtuvo la puntuación más alta, el 6 de noviembre, se envió al Senado el pliego de Corral Martín. Fuentes oficiales aseguran que la decisión habría sido facilitada por un presunto vínculo familiar con el mandatario provincial, y que su elección busca evitar que otros jueces y legisladores del departamento monopolicen la estructura judicial de Metán. La medida generó rechazo inmediato en sectores legislativos y judiciales, quienes consideran que se privilegian intereses políticos por encima de la meritocracia del concurso.
La situación se complicó aún más cuando José Manuel Corral, familiar directo de la postulante, presentó una impugnación ante el Senado el 19 de noviembre. Según su denuncia, María Cecilia Corral Martín habría retirado expedientes, archivados desde 1990, de tres procesos judiciales en los que su padre era parte, generando la desaparición de documentación vinculada a inmuebles rurales y causando perjuicios directos a su familia. Entre los expedientes involucrados se encuentran actuaciones caratuladas bajo los números SCI-17848/14, SCI-17849/14 y 17933/14, custodia que había sido responsabilidad de Corral Martín y que, según registros judiciales, fueron devueltos incompletos. La investigación incluye audiencias, comunicaciones formales y medidas de secuestro de expedientes, todo lo cual se encuentra registrado en el sistema judicial SED.
La Procuración General de la Provincia intervino inmediatamente, convocando al fiscal Gonzalo Gómez Amado para presentar toda la documentación vinculada, en un trámite obligatorio e improrrogable. Según informes del Juzgado de Civil y Comercial de Primera Nominación, Corral Martín fue la última persona en retirar los expedientes, y la devolución parcial generó la apertura de actuaciones para esclarecer el faltante de documentación.
Hoy vencía el plazo para que la postulante presente su descargo ante el Senado, y la resolución marcará no solo su futuro profesional, sino también el rumbo del Juzgado de Garantías y la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en Salta.
La situación, que comenzó como un trámite administrativo, se transformó en un verdadero conflicto institucional, con repercusiones sobre la credibilidad del Poder Judicial y la independencia de los procesos de selección de magistrados. La expectativa se centra ahora en la presentación de Corral Martín y la decisión final del Senado, que definirán si la polémica se consuma o si las denuncias y cuestionamientos logran frenar su designación.
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