


Lechones y cabritos decomisados: reclaman alternativas para los pequeños productores
José Alberto Coria
El reciente decomiso de lechones y cabritos volvió a exponer un problema que se repite cada fin de año en el interior salteño: los controles sanitarios chocan de frente con la realidad económica de quienes viven del campo.
Aunque el procedimiento se realizó en Las Lajitas, la discusión trascendió inmediatamente. El reclamo que hoy domina redes y grupos de productores es claro: hace falta una solución que permita trabajar sin el riesgo de perder todo en un operativo.
“Las autoridades tienen que buscar medidas para que la gente humilde del campo pueda tener su sustento. Lo que cuesta criar un animalito para que se los saquen así”, planteó Rodrigo Bustos, sintetizando el sentir general.


El enojo no es sólo por la pérdida económica, sino por lo que representa: meses de trabajo, alimento, cuidados y gastos que terminan en la nada.
Sospechas que ganan terreno
Más allá de la legalidad del operativo, una creencia muy instalada vuelve a aparecer cada vez que hay un decomiso: la idea de que la carne no termina destruida, como marca el protocolo.

Vecinos compartieron mensajes que refuerzan esa sospecha: “Acá en el basural sólo aparecieron 7 cabritos y 7 lechones… ¿y los demás?”, escribió un usuario. “Siempre para las fiestas pasa lo mismo”, agregó Guido Caliari. Otros fueron más directos: “Ya tienen la cena”.
Aunque oficialmente la carne debe ser inutilizada y el procedimiento queda bajo control de Fiscalía, la desconfianza es total. Y lo mismo ocurre en operativos de pescado: la sensación de que lo decomisado no siempre termina donde corresponde.
“Atacan al pobre, no al poderoso”
El malestar también apunta a la desigualdad en los controles. “Es más fácil caerle al pobre que ir por los pesados”, comentó Alicia Alvarado. “Que vayan por los cuatreros, no por los que crían para vivir”, reclamó otro vecino. “Con esa energía deberían buscar motos robadas, no lechones”, cuestionaron en redes.
Muchos señalan que los pequeños productores no cuentan con vehículos refrigerados ni documentación al día, en parte porque acceder a esos requisitos es costoso o directamente imposible en zonas rurales.
La ley existe; la alternativa, no
La Policía actúa bajo el artículo 206 del Código Penal, que establece el decomiso cuando la carne se transporta sin frío, sin papeles o en vehículos no habilitados. El objetivo es sanitario y la norma es clara.
Lo que está faltando, según los vecinos, es un sistema que contemple la realidad de la gente de campo.
Entre los pedidos más repetidos aparecen:
- Un permiso simplificado para pequeños productores.
- Puntos oficiales o comunitarios donde puedan faenar y trasladar sin caer en la ilegalidad.
- Transparencia absoluta sobre el destino de lo decomisado.
- Regulaciones que permitan vender en épocas festivas sin quedar expuestos a perderlo todo.
El debate que vuelve cada diciembre
En el fondo, lo que estalló no es un caso aislado. Es una discusión que regresa cada fin de año: el equilibrio entre los controles sanitarios y la subsistencia de las familias rurales.
“Dejen vivir a la gente”, escribió un vecino. La frase resume el pedido más profundo: que el sacrificio de todo un año no termine destruido en un basural o envuelto en sospechas, y que el Estado diseñe reglas que acompañen —y no castiguen— a quienes viven de su propio esfuerzo.


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