


El gobernador Sáenz refuerza el control político y ordena ajustes en su gabinete
José Alberto Coria
La reunión de gabinete de este martes dejó una señal política clara: el gobernador Gustavo Sáenz busca reordenar su estructura, ajustar el funcionamiento del Gobierno y acelerar respuestas en un contexto económico que golpea las finanzas provinciales. Así lo expresó el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, quien ofició de vocero y detalló los ejes que marcarán la próxima etapa.
Camacho describió el encuentro como un cierre político del año, donde Sáenz “actualizó prioridades” y exigió el cumplimiento de objetivos concretos a corto plazo. Educación, salud y seguridad se sostienen como los tres pilares que deberán mostrar resultados inmediatos durante la temporada estival.
En el trasfondo aparece un dato que preocupa: la fuerte caída de la recaudación nacional y provincial. El ministro admitió que ese escenario obliga al Gobierno a “ajustar y fijar prioridades”, aunque destacó que Salta mantiene “previsibilidad económica”, algo que —según dijo— permite garantizar el cronograma de pagos, aguinaldos, bonos y adelantos salariales.


El mensaje político es doble. Por un lado, Sáenz busca mostrar solvencia frente a otras provincias que están revisando cómo pagar sueldos. Por otro, usa ese margen para exigir mayor eficiencia interna: “El gobernador define prioridades y exige un rápido cumplimiento”, apuntó Camacho.
Otro dato relevante de la jornada fue la confirmación de inminentes cambios en el gabinete, que se anunciarán antes del lunes. Algunos funcionarios asumirán en los próximos días, en paralelo a la implementación de una nueva ley de ministerios que reestructura el organigrama para hacerlo —según Camacho— “más funcional, más ejecutivo y más cercano a la gente”.
El movimiento interno aparece como parte de un plan más amplio: oxigenar áreas, reforzar posiciones estratégicas y adaptar la estructura estatal a un contexto económico cada vez más restrictivo. Con este panorama, el Gobierno provincial ingresa en un período de ordenamiento político y administrativo, donde cada funcionario deberá responder a una consigna central: resultados rápidos y visibles.



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