Cuando la ley es la misma, pero la vara no

La ley es clara y no admite matices: el delito es delito, se trate del robo de una gallina, de dos bolsas de choclos o de un homicidio. En ese punto, no hay discusión posible. Nadie puede ni debe justificar la transgresión de la norma.

Sin embargo, lo que viene expresando con fuerza una parte de la sociedad -sobre todo en pueblos y comunidades del interior- no es una defensa del delito, sino un cuestionamiento al modo en que se percibe la aplicación de la ley.

En los últimos tiempos, los operativos policiales que derivaron en el secuestro de lechones, cabritos, carne faenada o producción propia de familias del campo por faltas administrativas, como la ausencia de cadena de frío o documentación incompleta, generaron malestar. A ese listado se sumó recientemente la demora de dos hombres por el robo de choclos en El Galpón, un hecho menor en términos penales, pero de alto impacto social.

Demorados por robar choclos en El Galpón: el hecho que encendió el debate

La reacción no fue casual. Muchos vecinos sienten que la energía del Estado se vuelve visible y eficaz cuando se trata de delitos pequeños o situaciones vinculadas a la subsistencia, mientras que los robos violentos, los asaltos tipo comando, el narcotráfico o el delito organizado siguen ocurriendo con una frecuencia alarmante y, en muchos casos, con escasos resultados concretos a la vista.

No se discute el trabajo policial ni la necesidad de controles. Tampoco se propone una justicia selectiva basada en la lástima o la conveniencia. Lo que se cuestiona es la proporcionalidad, la prioridad y el mensaje que queda flotando en el aire: que es más fácil y más rápido actuar sobre el eslabón más débil que desarticular estructuras delictivas complejas.

Llegaron los autos baratos: alivio para la gente, dilema para la industria

En los pueblos del interior, donde todos se conocen y donde muchas familias viven de la producción propia o del trabajo informal, estas intervenciones no se leen solo como procedimientos legales. Se viven como señales de desconexión entre la realidad social y las decisiones operativas.

La demanda que emerge no es impunidad, sino coherencia. Que la ley sea la misma para todos, sí, pero que el esfuerzo, los recursos y la visibilidad también lo sean. Porque cuando los delitos graves se repiten y los hechos menores copan la escena, el problema ya no es la norma, sino la percepción de justicia.

Y cuando la sociedad empieza a sentir que la balanza siempre cae del mismo lado, el debate deja de ser policial y pasa a ser profundamente social.