Escándalo por créditos del Nación: Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió apartar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que trascendiera que el funcionario había accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación, en medio del creciente escándalo por los préstamos otorgados a dirigentes y funcionarios vinculados al oficialismo.

Según indicaron fuentes del Gobierno, Pettovello no cuestionó el otorgamiento del crédito en sí, pero consideró que se trató de una decisión de “alto perfil” que debió haber sido consultada previamente y que terminó generando “ruido” político y público.

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La salida de Massaccesi se produjo mientras crecen los pedidos para investigar el acceso a créditos hipotecarios por parte de funcionarios nacionales, legisladores de La Libertad Avanza y dirigentes cercanos al oficialismo.

La polémica por los préstamos

La discusión tomó fuerza tras la difusión de datos públicos a través del sitio “¿Cuánto deben?”, que releva información de la Central de Deudores del Banco Central y expuso una serie de créditos de gran magnitud otorgados a referentes del oficialismo.

Entre los nombres que comenzaron a circular aparecen:

• Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, con una deuda inicial de $373.000.000.
• Federico Furiase, secretario de Finanzas, con un pasivo de $367.059.000.
• Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con una deuda de $510.654.000.

También figuran Juan Pablo Carreira —conocido en redes como “Juan Doe”—, director nacional de Comunicación Digital, con un crédito por $112.948.000; Emiliano José Mongilardi, director de YPF, con $309.507.000; y los diputados oficialistas Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, con montos que oscilan entre los $230 millones y $279 millones.

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Según los datos relevados, varios de estos préstamos fueron otorgados durante la gestión de Daniel Tillard al frente del Banco Nación y continuaron tras su reemplazo por Darío Wasserman.

La oposición pidió investigar

En ese contexto, la oposición comenzó a mover fichas en el Congreso. El diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo y solicitó precisiones al Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y el directorio del Banco Nación.

Además, pidió acceso a la información ante la entidad financiera para conocer con mayor detalle las condiciones de otorgamiento de estos préstamos.

“Si bien es cierto que hay una práctica habitual de los bancos de otorgar créditos con tasas preferenciales a quienes cobran sus salarios o tienen servicios en esas entidades, también llama muchísimo la atención el otorgamiento de préstamos de varios cientos de millones de pesos a funcionarios del Gobierno y legisladores vinculados a La Libertad Avanza”, sostuvo Paulón.

El legislador agregó que algunos casos generan más sospechas por el contexto político en el que se produjeron, al señalar que hubo beneficiarios que accedieron a estos créditos después de afiliarse al oficialismo o tras votaciones clave en el Congreso.

La defensa del Banco Nación

Frente a la polémica, el Banco Nación salió a defender su operatoria y aseguró que el proceso de acceso a estos créditos es “homogéneo y sin excepciones”.

La entidad también destacó su peso en el mercado hipotecario y remarcó que “nueve de cada diez créditos hipotecarios en la Argentina los otorga el Banco Nación”, al tiempo que informó haber concedido más de 27.000 préstamos desde el lanzamiento de la línea.

No obstante, también quedó bajo la lupa la existencia de una línea específica para empleados públicos llamada “+Hogares sector público”, que ofrece condiciones más favorables que la línea general, entre ellas la posibilidad de financiar hasta el 90% del valor del inmueble, frente al 75% de otras modalidades.

Desde la entidad sostuvieron que los créditos fueron otorgados respetando los criterios de evaluación financiera y remarcaron que este tipo de líneas diferenciales también existen en otras instituciones, sobre todo de origen estatal.

El punto que abre el debate

Más allá de la legalidad de los préstamos, el caso abrió un fuerte debate político sobre el acceso de funcionarios y dirigentes oficialistas a líneas preferenciales de la banca pública en un contexto económico extremadamente sensible para la mayoría de la sociedad.

También se instaló otra discusión: si los funcionarios políticos, por la naturaleza de sus cargos, deben ser considerados de la misma manera que un empleado público de carrera al momento de acceder a beneficios crediticios especiales.

Por ahora, el Gobierno intenta contener el impacto político con una señal interna: la salida de Massaccesi. Pero la controversia está lejos de apagarse.