



En la Argentina, la memoria suele ser un terreno en disputa. Pero hay algo que no debería admitirse con tanta liviandad: que quienes fueron protagonistas de gestiones atravesadas por serios cuestionamientos hoy hablen como si fueran recién llegados a la escena pública.
Durante los años del kirchnerismo, la gestión del Estado estuvo bajo la lupa de la Justicia en múltiples oportunidades. Investigaciones por el manejo de la obra pública, contrataciones y administración de fondos derivaron en causas de alto impacto, algunas con condenas en distintas instancias y otras aún en proceso. No se trata de relatos ni de interpretaciones: son expedientes judiciales, fallos y recursos que siguen su curso.


La figura de Cristina Fernández de Kirchner concentra buena parte de ese pasado reciente. Con una condena en la causa conocida como “Vialidad” -actualmente apelada-, su situación judicial sigue siendo un elemento central del debate político argentino. Como corresponde en un Estado de Derecho, será la Justicia la que tenga la última palabra.
En ese contexto, no deja de llamar la atención el tono de algunas críticas actuales. Días atrás, el exgobernador del Chaco y actual senador nacional, Jorge Capitanich, afirmó que “Milei no es el presidente que el país merece”. La frase, en sí misma, forma parte del juego democrático. Pero cobra otra dimensión cuando proviene de dirigentes que integraron el núcleo de poder durante años y cuya gestión también fue objeto de cuestionamientos.
Sin desconocer el derecho -y la necesidad- de opinar sobre el presente, el debate público exige algo más que declaraciones: requiere coherencia. Señalar errores del gobierno actual es legítimo; hacerlo sin hacerse cargo del propio recorrido, no.
Porque en política, como en la vida, la credibilidad no se construye solo con palabras, sino con historia.


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