Salta paga lo que Nación cobra

Hay algo profundamente injusto en lo que está ocurriendo con la Ruta Nacional 9/34 entre Metán y Rosario de la Frontera. Y no tiene que ver solamente con el deterioro del camino o con la demora de una obra clave para el sur provincial. Tiene que ver con quién termina poniendo la plata.

Otra vez es Salta la que sale a cubrir una responsabilidad que le corresponde a Nación. Otra vez la Provincia debe intervenir para evitar que una obra estratégica quede abandonada. Y otra vez se instala la idea de que las provincias tienen que arreglarse solas mientras el Gobierno nacional se corre de obligaciones básicas.

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Lo más llamativo es que los recursos para las rutas existen. Los argentinos ya los pagan cada vez que cargan combustible. El Impuesto a los Combustibles Líquidos fue creado justamente para financiar infraestructura vial. La ley 23.966 es clara: parte de esa recaudación debe destinarse a Vialidad Nacional y a fondos para caminos y pavimentación.

Pero en la práctica ocurre otra cosa. Desde 2024, esos recursos comenzaron a ser absorbidos por el Tesoro nacional para sostener el superávit fiscal. El equilibrio de las cuentas públicas se transformó en prioridad absoluta, incluso por encima de las rutas, las obras y la conectividad de las provincias.

Entonces aparece la gran contradicción argentina: los ciudadanos pagan impuestos viales, pero las rutas se destruyen igual. Y cuando las obras se frenan, las provincias terminan usando recursos propios para hacerse cargo de algo que ya fue financiado previamente por los contribuyentes.

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Eso es exactamente lo que pasó ahora. Gustavo Sáenz decidió poner dinero provincial para destrabar la continuidad de la obra entre Metán y Rosario. Desde lo político, probablemente no tenía alternativa: dejar paralizado ese tramo hubiera significado más accidentes, más abandono y más enojo social. Pero el problema de fondo sigue intacto.

Porque mientras Salta destina millones a una ruta nacional, también debe sostener hospitales, escuelas, seguridad y obras provinciales. Y cada peso que se redirecciona para cubrir ausencias de Nación es dinero que deja de ir a otras necesidades locales.

Lo más preocupante es que esto empieza a naturalizarse. Como si fuera lógico que las provincias financien rutas nacionales mientras Nación conserva la recaudación de impuestos creados específicamente para ese fin.

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Y encima aparece otra amenaza: los peajes. Es decir, después de cobrar impuestos al combustible durante años, ahora también podrían establecerse nuevos peajes en la zona de Metán. Una doble carga para ciudadanos que ya vienen financiando un sistema que no les devuelve infraestructura acorde a lo que pagan.

La obra continuará y eso es positivo. Pero no debería confundirse la solución de emergencia con la normalidad. Porque cuando una provincia tiene que poner plata para reemplazar al Estado nacional, algo claramente dejó de funcionar.