Una ruta nacional sostenida con recursos provinciales

Hay noticias que, más allá del anuncio, reflejan una realidad preocupante. Que el Gobierno de Salta tenga que adelantar 570 millones de pesos para reactivar una obra nacional sobre la Ruta 9/34 no debería naturalizarse. Tampoco debería celebrarse como un logro. Es, en todo caso, la evidencia de que algo no está funcionando donde debería.

La Ruta Nacional 9/34 no es una calle cualquiera. Es uno de los corredores más importantes del norte argentino. Por allí circulan ambulancias, camiones con producción, colectivos, trabajadores y familias. Cada día que una obra se paraliza, el deterioro del pavimento aumenta y también lo hace el riesgo de accidentes.

La Provincia decidió intervenir porque la urgencia no admite más espera. Es una decisión entendible: si la Nación no paga y la empresa detiene los trabajos, alguien debe actuar para que la ruta no siga convirtiéndose en un peligro. Sin embargo, esa respuesta inmediata no puede ocultar la pregunta de fondo: ¿por qué una provincia debe hacerse cargo de obligaciones que corresponden al Estado nacional?

Más aún cuando el propio Gobierno salteño reconoce que después intentará recuperar ese dinero. Es decir, utiliza recursos propios para cubrir un incumplimiento ajeno, confiando en que esos fondos regresarán más adelante.

En tiempos de restricciones económicas, cada peso del presupuesto provincial tiene múltiples destinos posibles: hospitales, escuelas, seguridad, viviendas o asistencia social. Si una parte de esos recursos debe destinarse a cubrir atrasos de Nación, inevitablemente se reduce el margen para atender otras necesidades.

También es justo señalar que la Provincia optó por priorizar una solución antes que un conflicto institucional. En lugar de esperar indefinidamente, eligió destrabar una obra que afecta a miles de salteños. Esa decisión puede ser valorada desde el punto de vista práctico, aunque al mismo tiempo expone las dificultades de coordinación entre ambos niveles del Estado.

La Ruta 9/34 necesita mucho más que un parche financiero. Necesita continuidad, planificación y, sobre todo, responsabilidades claras. Porque las rutas nacionales no pueden depender de la buena voluntad o del esfuerzo extraordinario de las provincias para mantenerse en condiciones.

Los vecinos del sur de Salta no discuten quién paga la obra. Lo que esperan es una ruta segura, sin baches, con máquinas trabajando y con la certeza de que las promesas no volverán a quedar detenidas al costado del camino.