El Gobierno nacional y las universidades públicas estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo para recomponer el presupuesto del sistema universitario, aunque las negociaciones volvieron a estancarse por una diferencia de fondo, la continuidad de una demanda judicial vinculada al financiamiento del sector.

El acercamiento se produjo durante una reunión mantenida esta semana entre autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en un intento por encauzar un conflicto que en los últimos meses derivó en movilizaciones y reclamos por la situación presupuestaria de las casas de estudio.

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Según trascendió, la propuesta oficial contempla una recomposición salarial del 24,3% para los docentes universitarios. El esquema prevé un incremento del 21,3% a partir de junio y otro 3% en octubre, con el objetivo de compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo acumulada entre 2024 y la actualidad.

La oferta también incluye la creación de una comisión técnica para analizar las diferencias pendientes del período anterior y establecer un mecanismo de negociación paritaria con revisiones trimestrales.

Además del aspecto salarial, el Ejecutivo propuso aumentar un 50% el monto de las becas Manuel Belgrano, incrementar en un 20% las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades y asignar un fondo extraordinario de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.

Otro de los puntos en discusión es la distribución de más de 79 mil millones de pesos destinados a esos centros de salud. La demora en la asignación de esos recursos había generado preocupación en distintas universidades, que advirtieron sobre las dificultades para sostener la atención y los servicios que prestan.

Fuentes universitarias reconocieron que la propuesta presentada por el Gobierno representa un avance respecto de la situación actual. Sin embargo, el diálogo se interrumpió cuando el Ejecutivo planteó como condición el retiro de la demanda judicial impulsada por las universidades para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

Esa normativa establece actualizaciones en salarios, becas y partidas presupuestarias vinculadas a la evolución de la inflación. Desde el Gobierno sostienen que su implementación plena implicaría un impacto sobre las cuentas públicas y pondría en riesgo la meta de equilibrio fiscal.

Los rectores, por su parte, rechazaron de plano la posibilidad de desistir de la acción judicial. Consideran que se trata de una herramienta institucional para garantizar el cumplimiento de la ley y aseguran que no existe consenso dentro de la comunidad universitaria para abandonar ese reclamo.

Desde las universidades sostienen que la oferta oficial demuestra que existen recursos para avanzar en una solución y remarcan que aún hay margen para alcanzar un entendimiento. Del otro lado, el Gobierno cuestiona la decisión de mantener abierta la vía judicial y considera que esa postura dificulta la posibilidad de cerrar un acuerdo definitivo.

Por ahora, ambas partes mantienen el diálogo abierto. Mientras las universidades esperan una nueva convocatoria, el conflicto continúa sin resolución y el futuro del financiamiento universitario sigue siendo uno de los principales temas de discusión entre el sistema educativo y la administración nacional.