Los límites del poder y el deber de la transparencia

La política necesita recuperar algo que parece haberse perdido: el sentido del límite. La denuncia presentada por el presidente del Ente Regulador, Carlos Saravia, contra el diputado de General Guemes, Daniel Segura no solo deberá ser analizada por la Justicia. También abre un debate que la sociedad salteña tiene derecho a dar: el de las incompatibilidades entre la función pública y los intereses privados.

Saravia denunció que el legislador mantiene participación en una empresa que habría contratado con el Estado y pidió que esa situación sea investigada. Será la Justicia la que determine si existe o no una incompatibilidad legal y si hubo alguna irregularidad.

Pero más allá del resultado de esa investigación, el caso vuelve a poner sobre la mesa un principio básico de la vida republicana: quienes dictan las leyes, controlan al Estado o toman decisiones políticas deben mantenerse alejados de cualquier situación que pueda generar un conflicto de intereses.

La sociedad necesita confiar en que las decisiones públicas responden al interés general y no a intereses particulares. Incluso cuando una conducta sea legal, si genera dudas razonables sobre la imparcialidad de un funcionario, el daño institucional ya comienza a producirse.

Si además, como denunció Saravia, un funcionario siente que fue presionado o intimidado por ejercer sus funciones, la gravedad institucional es aún mayor. En democracia, ningún cargo habilita a ejercer poder por fuera de los mecanismos previstos por la ley. Un diputado tiene la obligación de controlar al Ejecutivo y a los organismos públicos, pero ese control debe ejercerse con transparencia, respeto institucional y dentro de los límites que fija la Constitución.

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Los fueros parlamentarios existen para proteger la libertad de legislar y de opinar, no para otorgar privilegios personales ni para colocar a nadie por encima de las normas que rigen para todos.

La Justicia deberá establecer si las denuncias tienen sustento. Pero la política también tiene una responsabilidad: evitar cualquier situación que ponga en duda la transparencia de quienes administran recursos públicos o participan de las decisiones del Estado.

Porque el verdadero poder no consiste en influir más que los demás. Consiste en demostrar que nadie está por encima de la ley.