Salta defendió su autonomía: una decisión institucional que también marca el rumbo político de 2027

En política, no todas las discusiones se ganan en las urnas. Algunas se resuelven antes, en el terreno institucional, donde se define quién tiene las atribuciones para establecer las reglas de juego de una democracia.

Eso es, precisamente, lo que acaba de ocurrir en Salta.

La Corte de Justicia provincial rechazó por unanimidad las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 8.535, conocida como Ley de Participación Democrática. Con esa resolución, el máximo tribunal ratificó la validez constitucional de una reforma impulsada por el oficialismo y aprobada por la Legislatura.

El dato no es menor. La discusión había trascendido el ámbito legislativo y se había convertido en uno de los principales frentes de cuestionamiento político al gobierno de Gustavo Sáenz. Distintos sectores opositores pusieron en duda la legalidad del nuevo sistema, al que identificaron con una reedición de la Ley de Lemas.

Salta ya tiene fecha para votar, sin PASO, con voto electrónico y nuevas reglas electorales

Sin embargo, la Justicia provincial analizó los planteos y resolvió que no existían fundamentos suficientes para declarar inconstitucional la norma.

Aquí aparece una cuestión que merece una lectura más profunda: la autonomía de las provincias.

La Constitución Nacional reconoce a las jurisdicciones provinciales la facultad de darse sus propias instituciones y organizar sus sistemas electorales. No se trata de una concesión del gobierno de turno ni de una atribución circunstancial. Es parte del federalismo argentino.

Por eso, la resolución tiene una dimensión que excede al propio Sáenz. Lo que estaba en discusión no era solamente una reforma promovida por una administración provincial, sino también el alcance de las facultades que tiene Salta para definir su arquitectura electoral.

Esto no significa que una ley deba quedar exenta de críticas ni que las decisiones de un gobierno no puedan ser cuestionadas. La oposición tiene el derecho y la responsabilidad de discutir las reglas, señalar sus posibles consecuencias y proponer alternativas. Pero una cosa es el desacuerdo político y otra muy distinta es la inconstitucionalidad de una norma.

La Justicia acaba de pronunciarse sobre esa diferencia.

El contraste con Tucumán

La actualidad ofrece, además, un contraste interesante en el norte argentino.

Mientras Salta cerró esta instancia judicial en su ámbito provincial, Tucumán quedó pendiente de una definición institucional en la órbita nacional. La Corte Suprema pidió la intervención del procurador Eduardo Casal para que dictamine sobre su competencia en una demanda vinculada con la posible reelección del gobernador Osvaldo Jaldo.

La Corte avaló la reforma electoral de Salta y ratificó las reglas para competir en 2027

Son situaciones jurídicas diferentes y no corresponde equipararlas. Pero ambas reflejan cómo las discusiones políticas de cara a 2027 comienzan a trasladarse a los tribunales.

En Salta, la Justicia provincial ratificó la validez de una ley electoral. En Tucumán, todavía debe definirse si la Corte Suprema nacional intervendrá en una controversia sobre la interpretación de la Constitución provincial.

La diferencia importa porque el federalismo no puede ser una consigna que se invoque solamente cuando conviene. La autonomía provincial debe ser respetada, pero también debe convivir con los límites constitucionales y los controles propios de una república.

Sáenz y una discusión que trasciende su gobierno

Para Gustavo Sáenz, la resolución representa un respaldo institucional a una de las reformas más discutidas de su gestión. No porque la Justicia haya avalado una eventual continuidad personal en el poder —ese asunto no fue materia del fallo—, sino porque despejó uno de los cuestionamientos centrales que enfrentaba su proyecto de reforma electoral.

El gobernador puede contabilizar este resultado como un avance en el plano institucional. La discusión sobre la conveniencia política del sistema seguirá abierta y tendrá que encontrar su respuesta en la práctica democrática.

Y ese es otro aspecto importante: las reglas electorales no deben medirse solamente por quién puede beneficiarse de ellas, sino también por su capacidad para garantizar competencia, participación y representación.

En definitiva, Salta tiene derecho a debatir, reformar y definir sus propias reglas dentro del marco constitucional. Ningún sector político debería tener el monopolio de esa discusión ni pretender que su desacuerdo con una decisión legislativa sea suficiente para invalidarla.

La resolución de la Corte deja una señal concreta: las diferencias políticas deben procesarse dentro de las instituciones y las leyes deben discutirse con argumentos constitucionales, no solamente con conveniencias electorales.

De cara a 2027, la política salteña tendrá muchos capítulos por delante. Pero uno de ellos acaba de encontrar una respuesta judicial.

Salta definió una parte de sus reglas electorales. Y en una Argentina donde el federalismo suele quedar atrapado en las disputas entre jurisdicciones y el poder central, defender la capacidad institucional de las provincias para decidir sobre sus propios asuntos también es defender la democracia.