Elecciones 2027; Sáenz consiguió el aval de la Justicia, Jaldo espera una definición nacional

La carrera política hacia 2027 comenzó a trasladarse a los tribunales en el norte argentino. Salta y Tucumán protagonizan dos controversias institucionales que tienen como eje las reglas electorales, la autonomía de las provincias y las posibilidades de continuidad de sus actuales gobiernos.

Aunque los expedientes tienen características diferentes, las novedades judiciales conocidas esta semana colocaron a Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo frente a un escenario que tendrá repercusiones políticas en los próximos meses.

Salta: la reforma electoral superó el cuestionamiento judicial

En Salta, la Corte de Justicia provincial rechazó por unanimidad tres acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 8.535, denominada Ley de Participación Democrática, impulsada por el gobierno de Gustavo Sáenz y aprobada por la Legislatura el pasado 30 de abril.

Los planteos habían sido promovidos por los dirigentes Carlos Zapata y Lourdes Ríos Ayllón, de La Libertad Avanza; Claudio Del Plá, del Partido Obrero; y Alejandro Patrón Costas, del Partido de la Reconquista.

Salta defendió su autonomía: una decisión institucional que también marca el rumbo político de 2027

Entre los puntos cuestionados figuraban la acumulación de votos entre listas de un mismo frente electoral, la exigencia de presentar candidaturas en al menos 15 de los 23 departamentos para competir por la gobernación y la obligación de que los frentes estén integrados por un mínimo de dos partidos políticos.

El máximo tribunal consideró que la Legislatura actuó dentro de sus atribuciones constitucionales y que las provincias tienen autonomía para establecer sus propios sistemas electorales.

También entendió que los mecanismos cuestionados no vulneran el principio de elección directa ni las garantías de igualdad, y que los requisitos territoriales y de conformación de alianzas resultan razonables.

La resolución representa un respaldo institucional para Sáenz, que logra despejar uno de los principales cuestionamientos judiciales contra una de las reformas centrales de su gestión.

Sin embargo, el fallo no resolvió la discusión sobre una eventual nueva candidatura del gobernador. La cuestión de los límites constitucionales a la reelección constituye un debate diferente y todavía pendiente.

Tucumán: la Corte Suprema entra en escena

En paralelo, Tucumán atraviesa una situación distinta. La Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó la intervención del procurador general interino, Eduardo Casal, para que dictamine si el máximo tribunal tiene competencia originaria para tratar una demanda opositora contra el artículo 90 de la Constitución provincial.

La presentación fue impulsada por el diputado nacional Mariano Campero, con el acompañamiento de dirigentes y espacios opositores, entre ellos Fuerza Republicana, el PRO y CREO.

El planteo cuestiona la posibilidad de que Osvaldo Jaldo pueda competir por otro período al frente del Ejecutivo provincial, luego de haber sido vicegobernador entre 2015 y 2023 y gobernador desde ese último año.

La Corte avaló la reforma electoral de Salta y ratificó las reglas para competir en 2027

Los demandantes sostienen que la interpretación del artículo 90 permitiría una sucesión de mandatos que afectaría el principio republicano de alternancia en el poder.

Desde el Gobierno tucumano, en tanto, la fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls defendió la constitucionalidad de la disposición y cuestionó que la oposición haya acudido directamente a la Corte nacional sin agotar previamente las instancias judiciales provinciales.

El paso dado por la Corte Suprema todavía no implica una decisión sobre la habilitación de Jaldo. Primero deberá determinarse si el tribunal nacional tiene competencia para intervenir en el expediente. El dictamen de Casal no será vinculante.

El antecedente de Juan Manzur, cuya candidatura a vicegobernador fue frenada por la Corte en 2023, agrega otro elemento a una controversia que promete mantenerse en el centro de la agenda política tucumana.

Dos provincias, una discusión institucional

Las situaciones de Salta y Tucumán muestran que el camino hacia las elecciones de 2027 no se definirá exclusivamente en los espacios partidarios. Las decisiones judiciales también tendrán un papel importante en la configuración del escenario político.

En Salta, el oficialismo obtuvo una resolución favorable que ratificó la validez de la reforma electoral, aunque permanece abierta la discusión sobre una eventual candidatura de Sáenz.

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En Tucumán, en cambio, la controversia recién comienza a transitar una instancia nacional y todavía no existe una definición sobre el fondo de la cuestión.

En ambos casos aparece una discusión central para el federalismo argentino: hasta dónde llega la facultad de las provincias para establecer sus propias reglas institucionales y cuáles son los límites constitucionales que deben respetarse.

Con 2027 cada vez más cerca, Salta ya despejó una parte importante de su escenario judicial, mientras Tucumán aguarda una primera definición de la Corte Suprema. Dos caminos diferentes que tendrán consecuencias en el tablero político del NOA.