Mantener la residencia en Argentina es uno de los requisitos básicos para recibir la Pensión Universal para el Adulto Mayor. El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social ya informó sobre la irregularidad a la ministra Sandra Pettovello
Sociedad 13/05/2024
José Alberto Coria
El fiscal Guillermo Marijuán le solicitó a través de un oficial a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, la baja de 2.954 beneficiarios que cobran a través del ANSES la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), porque incumplen con la normativa de mantener residencia en el país. Es decir, se inscribieron en el registro como personas mayores de 65 años “vulnerables” y regresaron a su país de origen, según los registros de la Dirección de Migraciones. A valores actuales, el perjuicio mensual para las arcas del Estado es de $449.341.802 millones, que anualizado trepa a los $5.842.000.000.
Bajo estudio de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuan están otros 7.512 “titulares PUAM” que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también transgrede la norma.
El oficio enviado por Marijuan a la ministra de Javier Milei, al que accedió Infobae detalla: “En el marco de la Investigación Preliminar identificada como caso Coirón N° 35662/2024, iniciada a efectos de constatar la existencia de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que hayan incumplido con la exigencia legal de permanencia en el país, dispuesta por el art. 13 inc. 5) de la ley 27.260, se solicitó a la Dirección Nacional Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que realizara un entrecruzamiento con los datos de titularidad y migratorios respectivos, organismo que mediante el archivo en formato Excel que se adjunta al presente, detectó la existencia de 2954 titulares de la PUAM que, durante la vigencia de tal prestación, registraron salidas de la Argentina sin regreso posterior”. Es por esa razón que el fiscal federal le solicitó a Pettovello que: “Teniendo en consideración el plazo transcurrido desde que cada uno de los beneficiarios salió del país, evalúe la inmediata suspensión de la citada pensión, dado que resulta imperioso hacer cesar los efectos de una posible conducta delictiva vinculada al incumplimiento del requisito previsto en la normativa reseñada”.
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