Intimidación pública y peculado: la justicia avanza contra el diputado Estrada

La fiscal Sofía Cornejo, titular de la Fiscalía Penal de Ciberdelincuencia, brindó una conferencia de prensa en la que detalló los avances en la investigación que involucra al diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada. El legislador fue imputado por el delito de intimidación pública, en concurso con peculado de trabajos y servicios, como parte de una causa que analiza la difusión de videos en redes sociales con contenido que podría haber desestabilizado el orden público.

Delimitación de la investigación

Cornejo explicó que la investigación se centra en publicaciones realizadas a través de perfiles anónimos en TikTok. “El análisis inicial fue determinar si estos videos estaban amparados por la libertad de expresión, que es un derecho fundamental pero no absoluto. Muchos de ellos no cumplían con esta condición, ni tampoco se limitaban a delitos de calumnias e injurias, que son de acción privada. Un grupo reducido de videos superó estos filtros y evidenció posibles actos de intimidación pública”, explicó la fiscal.

El delito de intimidación pública, tipificado en el artículo 211 del Código Penal, protege el orden público y no contempla víctimas físicas individuales. Según Cornejo, los videos investigados “hacían referencia al narcotráfico, vinculando a instituciones del Estado y funcionarios con actividades ilícitas. Esto, en un contexto de lucha activa contra el narcotráfico en Salta, podría haber desestabilizado la confianza en las instituciones”.

Identificación de los responsables

La investigación, que inició con perfiles anónimos en TikTok, permitió identificar a los responsables a través de datos asociados a cuentas de Gmail proporcionados por las plataformas tecnológicas. Esto llevó a la imputación inicial de tres personas: dos asesores del diputado Emiliano Estrada en la Cámara de Diputados y un tercero vinculado a la difusión de los contenidos. Según Cornejo, “estas personas admitieron, en sus declaraciones, haber trabajado bajo las órdenes de Estrada”.

La semana pasada, Estrada fue notificado como el cuarto imputado en la causa. Además de intimidación pública, se lo acusa de peculado de trabajos y servicios, debido al presunto uso de recursos humanos asignados a su función legislativa para fines ilícitos.

Estado de la causa y pericias en curso

Actualmente, la Fiscalía se encuentra realizando pericias técnicas sobre los dispositivos electrónicos secuestrados a los imputados. Cornejo adelantó que en los próximos diez días podrían surgir novedades relevantes del análisis de celulares y otros equipos. “Los dispositivos contienen información clave que permitirá esclarecer los niveles de responsabilidad de cada imputado”, señaló.

La fiscal subrayó la gravedad del delito investigado, dado el impacto que los contenidos difundidos podrían tener en un contexto de creciente preocupación por el narcotráfico en la provincia. “El orden público es la víctima en este caso, no hay individuos perjudicados directamente. Las acciones investigadas tienen el potencial de desestabilizar la estabilidad de los poderes del Estado y la confianza de la población”, afirmó.

Cornejo destacó, además, que la causa tiene como objetivo determinar responsabilidades penales sin interferir en acciones privadas de calumnias o injurias, que corresponden a otro ámbito jurídico.