El hombre fue asesinado en su propia casa tras sufrir un violento asalto en Metán. La Justicia condenó al homicida a 12 años de prisión y a sus cómplices a penas condicionales, cerrando así un caso que conmocionó a la comunidad.
Judiciales24/02/2025
Por Expresión del Sur
En agosto de 2023, un hombre de 72 años fue víctima de un violento robo en su domicilio, tras el cual sufrió una grave lesión craneal que derivó en su fallecimiento en el hospital San Bernardo. La investigación judicial permitió identificar a los responsables del hecho y someterlos a proceso penal.
En el marco del expediente tramitado ante la justicia metanense, el fiscal penal 2, Gonzalo Gómez Amado, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu) en el contexto del Plan Piloto de Oralidad. Con la conformidad de las partes, se acordó un juicio abreviado para los imputados.
El tribunal, presidido por el juez Mario Dilascio, condenó a Armando Santiago Morales como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio simple, lesiones agravadas, abuso sexual simple, amenazas y lesiones con arma blanca en concurso real, imponiéndole la pena de 12 años de prisión efectiva. Asimismo, dispuso su incorporación al Banco de Datos Genéticos.
Por su parte, Beatriz Del Río y Beatriz Naranjo fueron halladas coautoras del delito de robo en poblado y en banda, recibiendo una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, con la imposición de reglas de conducta que deberán observar durante el período de condena.
Las actuaciones judiciales se originaron a partir del hallazgo del septuagenario con signos de violencia en su domicilio, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad y el inicio de la pesquisa penal. A partir del análisis de registros fílmicos, la recepción de testimonios y otras medidas de prueba, se determinó que las dos mujeres habían ingresado a la vivienda con la finalidad de sustraer dinero y bienes personales de la víctima, mientras que Morales perpetró la agresión que posteriormente causó su muerte.
El proceso judicial incluyó la acumulación de otras causas en las que Morales figuraba como imputado, lo que fue considerado en la determinación de la pena impuesta.
Ocurrió el 2 de junio. La fiscalía informó que no había signos de violencia externa. La causa sigue bajo protocolo de posibles delitos hasta descartarlo.
Lo definió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 después de que la Corte Suprema ratificó la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. La expresidenta puede solicitar la prisión domiciliaria.
La detención se produjo durante allanamientos en el marco de una causa por amenazas con armas. Se incautaron más de 1.300 dosis de drogas, dinero y otros elementos de interés.
Juan Pablo Lambertucci, acusado de un millonario robo a un comerciante de Metán, violó la prisión domiciliaria e intentó sobornar a la Policía. La Fiscalía pidió que se le revoque el beneficio.
Un hombre fue imputado en Metán por presuntos hechos de violencia contra su expareja, con quien tiene dos hijos. La denuncia incluye daños materiales, desobediencia judicial y agresiones físicas.
El hombre, quien utiliza animales para traccionar un carro, fue denunciado por los malos tratos infligidos a un caballo que fue hallado en grave estado en un basural. Además, estaría vinculado a otros hechos de similares características.
Una mujer oriunda de Joaquín V. González fue detenida en Chaco tras hallar más de 2 kilos de cocaína ocultos en su abdomen durante un control de rutina.
La guardaparque de la Reserva Nacional Pizarro reivindicó el rol del Estado tras la reciente condena a Cristina Kirchner. Recordó la creación de la reserva y dijo que gracias a esas políticas accedió a un trabajo digno.
Un hombre fue detenido tras circular ebrio en contramano, amenazar a la policía y ofrecer dinero para evitar el procedimiento.
Cristian Achaval, jefe de la UDAI Metán de ANSES, y Ricardo Ortega, recaudador de La Libertad Avanza en Salta, quedaron al descubierto exigiendo descuentos obligatorios del 5% a empleados públicos para financiar el partido.
Ocurrió el 2 de junio. La fiscalía informó que no había signos de violencia externa. La causa sigue bajo protocolo de posibles delitos hasta descartarlo.
