El diputado Gustavo Dantur había sido el único en Salta en cuestionar la medida del Gobierno nacional, que finalmente derogó la resolución que afectaba a miles de beneficiarios de pensiones por invalidez.
Actualidad14/05/2025
Por Expresión del Sur
En Salta, el único legislador que visibilizó con anticipación las consecuencias del sistema de auditorías a las pensiones por invalidez fue el diputado provincial Gustavo Dantur. Su planteo recibió muchas críticas de la dirigencia política vinculada al espacio libertario, sin embargo el mismo Gobierno Nacional decidió marcha atrás.
"El tiempo me dio la razón, es inhumano avanzar contra la gente más humilde, era una medida totalmente insensible", dijo en las últimas horas el legislador del departamento Metán.
El pronunciamiento en contra de las auditorías se dio semanas atrás en la Cámara baja, en medio del silencio del resto del arco político local frente a un tema que afectaba directamente a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.
El reclamo del legislador cobró mayor relevancia tras conocerse, en las últimas horas, que el Gobierno nacional derogó la Resolución N.º 187/2025, mediante la cual se habían establecido procedimientos para la revisión de más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral en todo el país. La anulación se formalizó este martes a través de la Resolución N.º 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), publicada en el Boletín Oficial.
La resolución ahora dejada sin efecto había sido anunciada en enero y contemplaba entrevistas médicas, verificaciones y la aplicación de un baremo técnico para auditar los casos. Según argumentó la ANDIS, la medida fue reconsiderada por fallas en su implementación y por no ajustarse a estándares internacionales en materia de discapacidad. La Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas ya trabaja en una nueva normativa con criterios actualizados.
En su intervención en la Legislatura salteña, Dantur había denunciado que muchas personas con discapacidad estaban recibiendo cartas documento del Estado nacional exigiéndoles someterse nuevamente a estudios médicos en clínicas privadas, con costos a cargo de los propios beneficiarios. “Levantamos la voz solicitándole al Estado nacional que sea él quien asuma los gastos que demanden estos estudios”, señaló el diputado en su momento.
El legislador advirtió que estas exigencias se estaban aplicando incluso a personas postradas o con severas dificultades para movilizarse. “Tienen que pagar en forma privada. Y en esta carta documento les dicen a qué clínica deben ir. Muchos están en cama, y aun así deben trasladarse bajo amenaza de perder la pensión”, manifestó Dantur durante el debate legislativo.
Además, cuestionó la falta de criterio social por parte del Gobierno nacional: “La insensibilidad de este gobierno parece no tener límites. Se están metiendo con los más vulnerables de todos”, afirmó, y solicitó que las revisiones médicas requeridas en este tipo de casos sean costeadas por el Estado, sin excepción.
Con la reciente derogación de la normativa, la Agencia Nacional de Discapacidad reconoció la necesidad de replantear los criterios técnicos de evaluación para evitar perjuicios a quienes realmente necesitan la asistencia estatal. En Salta, Dantur quedó como el único legislador que anticipó públicamente el impacto negativo de la medida, y exigió garantías para la población alcanzada por estos beneficios.
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