Juicio por narco-corrupción carcelaria: veinte imputados por delitos graves

Una causa de alto impacto institucional será debatida a partir del 4 de agosto en la Sala VII del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, donde veinte personas —entre ellas ocho agentes penitenciarios— enfrentarán cargos por asociación ilícita, exacciones ilegales y comercialización agravada de estupefacientes dentro del penal de Villa Las Rosas.

La acusación estará a cargo de la Unidad Fiscal conformada por el Procurador General de la Provincia, Dr. Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt. Dicha Unidad fue creada en diciembre de 2023 mediante Resolución N.º 1495, invocando el art. 32 inc. 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 7328), en virtud de la "gravedad institucional" y la "trascendencia de los hechos".

La investigación reveló la existencia de una red delictiva que operaba con estructura y roles definidos: funcionarios que exigían dádivas, familiares que realizaban pagos, internos que distribuían estupefacientes, y conexiones externas encargadas de movimientos financieros. Según consta en el expediente, se analizaron más de 50 cuentas bancarias y 20 líneas telefónicas, se registraron más de 1000 transferencias y se tomaron 90 declaraciones testimoniales durante el período investigado (2021-2023).

El núcleo de la acusación refiere al abuso sistemático de la función pública penitenciaria: desde la facilitación de beneficios carcelarios a cambio de sobornos hasta la omisión deliberada de controles que permitieron el ingreso y circulación de drogas dentro del establecimiento penitenciario. Se detallan delitos de concusión, asociación ilícita y comercialización agravada por realizarse en lugar de detención, por funcionarios públicos y por número de personas intervinientes.

Entre los imputados figuran Sergio Moya, Francisco Bisceglia, José Luis Alarcón y otros cinco agentes penitenciarios con funciones jerárquicas en la Unidad Carcelaria N.º 1. También serán juzgados internos penados y familiares involucrados en el circuito de pagos y distribución de estupefacientes. La instrucción da cuenta de mecanismos de recaudación electrónica y entregas en efectivo fuera del penal, con clara articulación delictiva.

El debate estará presidido por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar. Se estima que más de 180 testigos prestarán declaración durante el proceso.

Desde el Ministerio Público Fiscal se destaca que el avance de la causa constituye una respuesta institucional ante uno de los hechos más delicados detectados en el ámbito penitenciario salteño en las últimas décadas, con posible afectación a derechos humanos y a la seguridad carcelaria. La causa pone a prueba no solo el sistema de justicia penal, sino la capacidad del Estado de sanear sus propias estructuras.