La muerte del profesor Alejandro Orquera reavivó el repudio de docentes autoconvocados hacia representantes gremiales. Los señalan como responsables de haber pactado con el Gobierno y abandonar a más de 100 cesanteados tras la huelga de 2023.
Sociedad20/08/2025
Por Expresión del Sur
El fallecimiento del profesor técnico Alejandro Orquera, muy querido por sus colegas y alumnos, conmocionó a la comunidad educativa y encendió nuevamente el debate sobre la cesantía de 117 docentes en Salta.
Orquera murió sin poder recuperar su puesto laboral, perdido en 2023 tras adherir a la medida de fuerza que derivó en sanciones masivas contra los trabajadores de la educación. La medida se tomó por la acumulación de inasistencias injustificadas y la falta de respaldo gremial a la continuidad del paro, según informó el gobierno provincial.
En julio de 2023, el Gobierno provincial dispuso la cesantía de más de un centenar de docentes que se mantuvieron firmes en el paro convocado por la Asamblea Provincial. Pese a los reclamos y las presentaciones judiciales, el diálogo nunca fue reabierto.
En aquel contexto, dirigentes gremiales acordaron con el Ejecutivo solo el no descuento de días de paro, lo que fue interpretado por las bases como una maniobra para salvar sus propios intereses, dejando en el camino a quienes habían sido sancionados.
Tras la noticia de la muerte de Orquera, las redes se llenaron de mensajes de repudio.
“Los únicos responsables por los cesanteados son los delegados que arreglaron con el Gobierno sin consultar a las bases, beneficiándose y perjudicando a sus colegas”, señaló una docente autoconvocada en el sitio de Fernando Barros.
Otros mensajes apuntaron a la falta de solidaridad en las asambleas y al abandono de quienes más necesitaban apoyo:
“En una asamblea nunca pidieron por ningún cesanteado, después levantaron la medida mintiendo”, escribió una colega.
La familia de Orquera también expuso las consecuencias del conflicto. Su hijastro relató que el profesor padecía diabetes y, tras perder el trabajo, ya no pudo costear sus medicamentos. “Fue un abandono de persona. Se dejó influenciar por gente de la política que lo usó. Quedó mal psicológicamente después de perder su trabajo”, expresó.
La muerte del profesor Orquera puso en evidencia no solo el costo humano de las cesantías, sino también la crisis de representatividad dentro del sector docente.
Los autoconvocados insisten en que los dirigentes sindicales deben rendir cuentas por el acuerdo que terminó dejando a más de un centenar de colegas en la calle.
El caso reabre preguntas sobre el rol de los gremios, y la vigencia de los derechos laborales en la provincia.
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Una docente del Colegio Secundario Rural N° 5213 de Guachipas radicó formalmente una denuncia en la Subcomisaría local, en la que acusa a la directora de la institución de ejercer violencia psicológica y verbal contra su persona desde hace tiempo.
