El acuerdo permitirá que vecinos del sur provincial puedan realizar trámites vinculados a asociaciones civiles, fundaciones y sociedades sin necesidad de trasladarse hasta la capital. El Ministerio capacitará al personal municipal que estará a cargo de la atención en la nueva oficina.
Salta17/09/2025
Por Expresión del Sur
La Secretaria de Gobierno firmó un convenio de colaboración con la Municipalidad de Rosario de la Frontera para la apertura de una delegación de la Dirección de Personas Jurídicas en esa ciudad.
El acuerdo fue rubricado por la secretaria de Gobierno, Paula Benavides; el subsecretario de Gobierno, Nicolás Zenteno; y el intendente de Rosario de la Frontera, Kuldeep Singh.
La delegación funcionará en un espacio de la terminal de ómnibus municipal, que será acondicionado por el Municipio. Además, el gobierno local dispondrá de personal para el funcionamiento de la oficina, mientras que la Secretaría de Gobierno, dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo tendrá a su cargo la capacitación permanente de los agentes, así como la provisión de herramientas técnicas necesarias.
Con esta medida, los vecinos del sur provincial podrán gestionar trámites relacionados con asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones y sociedades en su propia ciudad, sin la necesidad de trasladarse a Salta Capital.
La apertura de la delegación también permitirá agilizar procesos a través del expediente digital (SICAD) y la utilización de firma digital, lo que redundará en una atención más rápida y eficiente para los ciudadanos.
El convenio establece que la oficina actuará como mesa receptora de trámites, brindando asesoramiento y acompañamiento a los vecinos. Toda la documentación será remitida a la Subsecretaría de Personas Jurídicas, garantizando así la validez y legalidad de los procesos.
De esta forma, el Gobierno de la Provincia y el Municipio de Rosario de la Frontera avanzan en una política de desconcentración administrativa y acercamiento de los servicios del Estado a la comunidad, facilitando el acceso de la ciudadanía a trámites indispensables para el desarrollo de instituciones sociales y productivas.
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