Mediante las resoluciones 2924/2025 a 2927/2025, el Ministerio de Salud aumentó los aranceles y subsidios para dispositivos y programas que atienden consumos problemáticos. En Salta, la medida podría mejorar la sustentabilidad de centros comunitarios, casas convivenciales y programas territoriales, aunque desde la provincia piden detalles sobre la implementación y la cobertura local.
Actualidad26/11/2025
Carolina Saravia
El Gobierno nacional publicó recientemente las resoluciones 2924/2025, 2925/2025, 2926/2025 y 2927/2025 que actualizan los montos de subsidios y becas destinados al abordaje integral de personas con consumos problemáticos, reemplazando valores vigentes desde 2024. La norma actualiza los aranceles para distintos dispositivos, casas convivenciales, centros de acompañamiento y programas de becas para operadores, con el objetivo de reforzar la capacidad de atención ante el aumento de demanda y de costos operativos.
A nivel nacional los medios ya informaron los nuevos valores diferenciados según niveles de complejidad y modalidad; datos que figuran en las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, y que, según el Gobierno, buscan garantizar la continuidad y calidad de prestaciones.
En Salta funcionan dispositivos provinciales y municipales dedicados a la primera escucha, orientación y derivación para personas con consumo problemático. La Secretaría de Salud Mental y Adicciones provincial cuenta con un Centro de Consulta y Orientación que realiza valoraciones y deriva a los distintos servicios locales. Además, recientemente la provincia avanzó en la creación de una residencia provincial para Salud Mental y Consumos Problemáticos para formar recursos humanos especializados. Estas estructuras son las que, en principio, podrían beneficiarse con la recomposición de montos.
Sin embargo, desde organizaciones y algunos centros locales se espera mayor precisión sobre la instrumentación práctica: cuántos y qué centros serán financiados, plazos de pago, requisitos para acceder a los subsidios, y si los montos alcanzarán para cubrir la realidad inflacionaria de los costos operativos. En Salta la demanda por consultas en salud mental y consumos fue en aumento durante 2024-2025, según reportes provinciales, lo que torna urgente conocer cómo se distribuirán los nuevos fondos.
Qué deben saber los usuarios y las familias:
El intendente de Rosario de la Frontera publicó un mensaje de agradecimiento al ex ministro, con quien mantuvo un vínculo político desde su llegada al municipio en 2023.
El acusado, quien ya había cumplido una condena anterior por delitos de violencia de género, se presentó en diferentes oportunidades en el domicilio de la damnificada, donde la amenazó e incluso causando daños en el portón de ingreso a la vivienda.
La superficie cultivada a nivel nacional es de 34 mil hectáreas, cuando lo permitido es de 22.000. El registro supone un aumento del 10% en relación al 2023
La muerte del padre Ariel Fessia duele, pero también obliga. Nos pide mirar de frente una realidad que se mantuvo demasiado tiempo en silencio. Honrar su memoria no es solo recordarlo: es evitar que otro cura viva -y muera- en condiciones que nunca debieron ocurrir.
La Cámara de Senadores aprobó la designación de la doctora María Cecilia Corral Martín como jueza del Distrito Judicial del Sur. Los senadores Mónico y Soto explicaron los fundamentos que respaldaron la decisión, en medio de cuestionamientos y objeciones presentadas durante el proceso.
Un hombre de 41 años resultó herido en la cabeza tras una agresión ocurrida en la localidad de San Felipe, departamento Rosario de la Frontera, hecho por el cual la Justicia imputó de manera provisional a un joven de 18 años y solicitó que permanezca detenido.
El intendente de General Pizarro respaldó la designación de Ignacio Jarsún como ministro de Gobierno y confió en que se destrabe la puesta en funcionamiento del refugio para mujeres, terminado desde 2021.
Un hombre de 38 años fue imputado tras ingresar a la vivienda de su expareja con el pretexto de hablar, pero una vez dentro comenzó a golpear puertas y paredes y proferir amenazas, a pesar de las medidas judiciales vigentes que le prohibían acercarse.
