


El reciente caso que investiga la Justicia, vinculado a la comercialización de alimentos en condiciones insalubres y potencialmente peligrosas para la salud, vuelve a poner en primer plano una verdad que muchas veces pasa desapercibida: la importancia de las áreas de Bromatología en los municipios.


Cuando estos hechos salen a la luz, la reacción social suele centrarse -con razón- en la gravedad de la conducta individual. Sin embargo, el debate de fondo es otro y más profundo: ¿qué controles existen, cómo funcionan y con qué recursos cuentan los municipios para garantizar que lo que llega a la mesa de los vecinos sea seguro?
Las oficinas de Bromatología no son una formalidad administrativa ni un trámite burocrático más. Son, en los hechos, una primera línea de defensa de la salud pública. Allí se controla la procedencia de los alimentos, las condiciones de elaboración, la higiene de los locales, la cadena de frío y la capacitación de quienes manipulan productos que luego consumen familias enteras.
En ciudades y pueblos del interior, donde muchas veces el comercio de alimentos se desarrolla en ámbitos barriales y de cercanía, el rol del control municipal es aún más determinante. No alcanza con inspecciones esporádicas ni con actuar solo cuando el daño ya está hecho. La prevención exige presencia constante, controles periódicos y decisiones firmes, incluso cuando estas resultan incómodas o impopulares.
Invertir en Bromatología no es un gasto: es una política sanitaria básica. Significa dotar a las áreas de personal capacitado, equipamiento adecuado, laboratorios, movilidad y respaldo político para clausurar, sancionar o denunciar cuando corresponde. Significa también trabajar en la concientización de los comerciantes y productores, acompañando, pero sin ceder en los estándares mínimos de seguridad alimentaria.
El Estado municipal es el más cercano al vecino y, por lo tanto, el primero en ser interpelado cuando fallan los controles. Reforzar las oficinas de Bromatología es reforzar la confianza pública, cuidar la salud colectiva y evitar que situaciones extremas, como las que hoy conmocionan, se repitan.
La seguridad alimentaria no se negocia. Y en esa tarea, los municipios tienen una responsabilidad indelegable.



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