Extraordinarias: la cuenta regresiva del oficialismo

A una semana del inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional acelera negociaciones y juega una de sus cartas más sensibles: la reforma laboral. El oficialismo quiere llegar al 11 de febrero con los votos necesarios en el Senado y convertir en ley un proyecto que considera clave para su programa económico, pero que sigue generando resistencias políticas y tensiones con las provincias.

El escenario es ajustado. La Libertad Avanza no tiene mayoría propia y depende de acuerdos con bloques dialoguistas y del respaldo de gobernadores. En esa mesa, las conversaciones avanzan, pero no sin costos. La rebaja del impuesto a las ganancias para las empresas -uno de los ejes del proyecto- impacta directamente en la coparticipación y abre un frente de discusión que todavía no está cerrado.

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El Gobierno ya sumó apoyos importantes. Gobernadores aliados y dialoguistas como Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) aparecen como piezas claves en un tablero donde cada voto cuenta. Sin embargo, el respaldo no es incondicional: las provincias reclaman compensaciones ante una pérdida estimada en más de un billón de pesos por la baja de alícuotas.

En el Senado, el oficialismo hace números finos. Aun con el acompañamiento parcial del PRO y la UCR, todavía necesita sumar voluntades de bloques provinciales. La resistencia de algunos senadores radicales y la cautela de representantes del interior marcan que el debate no será automático ni lineal.

El dictamen conseguido en diciembre incorporó cambios para acercar posiciones, especialmente con pymes y sectores financieros, pero dejó abiertos otros frentes. La forma de financiar el Fondo de Asistencia Laboral, el esquema de indemnizaciones y el alcance de los convenios colectivos siguen siendo puntos de fricción que podrían definir el destino del proyecto.

Las extraordinarias, entonces, no serán un mero trámite legislativo. Funcionarán como un termómetro político del poder real del oficialismo, de su capacidad de negociación y del margen de acompañamiento que conserva en un Congreso fragmentado. También pondrán a prueba a los gobernadores, obligados a equilibrar respaldo político y defensa de recursos provinciales.

La cuenta regresiva ya empezó. El resultado de febrero no solo marcará el futuro de la reforma laboral, sino también el tono de la relación entre Nación y provincias en un año que promete debates intensos y decisiones de alto impacto.