Salta vs. Gobierno Nacional: Recurso ante la Corte Suprema por el Incentivo Docente

La Provincia de Salta tomó la decisión de recurrir a la Corte Suprema de Justicia en busca de respuestas ante la eliminación de los fondos destinados al Incentivo Docente por parte del Gobierno nacional. A través de un Recurso de Amparo (Expte. CSJ 529/24), el Gobierno salteño está haciendo frente a lo que considera una vulneración de los derechos constitucionales y legales de los docentes de la provincia.

En su presentación ante la Corte, el Gobierno provincial resalta que el Fondo Nacional del Incentivo Docente (FONID) fue creado mediante una ley del Congreso en 1998 con el propósito de mejorar la retribución de los docentes. Este fondo ha sido prorrogado a lo largo de 26 año* mediante diversas leyes y decretos, lo que refleja su importancia y arraigo en el sistema educativo argentino.

Asimismo, se hace hincapié en la responsabilidad legal y constitucional que recae sobre el Gobierno nacional en cuanto a su contribución al financiamiento del sistema educativo, como lo establecen la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) y la Ley Nacional de Educación (26.206). Ambas normativas establecen claramente la obligación del Estado nacional de contribuir al financiamiento del sistema educativo provincial, reconociendo a la educación como un bien público y una prioridad nacional.

La Provincia de Salta sostiene que las partidas destinadas al FONID estaban contempladas en el Presupuesto 2023, que fue prorrogado. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió unilateralmente no transferir los fondos correspondientes, los cuales fueron además eliminados del presupuesto mediante el DNU 280.

Por estos motivos, la Provincia no solo demanda la restitución del FONID y los fondos de Conectividad, sino que también solicita la declaración de Nulidad e Inconstitucionalidad del DNU 280. Además, se pide una Medida Cautelar para recuperar el dinero desembolsado por el Estado provincial en enero y los meses subsiguientes, mientras se discute el fondo de la cuestión.

Entre los argumentos presentados, se destaca que la decisión del Gobierno nacional ha implicado una disminución sustancial y sorpresiva de los recursos previstos por la Provincia, así como una reducción en los salarios de los docentes, lo que afecta directamente el funcionamiento del sistema educativo en Salta.