María Albarracín lo denunció por violencia institucional tras haberle negado el acceso al expediente de su defendido, a pesar de que el juzgado de garantías ya había autorizado su consulta, además "le cerró la puerta en la cara llegando a rozarla en su apuro por salir"
Judiciales11/03/2025
Por Expresión del Sur
La Fiscalía N°1 del Distrito Sur vuelve a ser objeto de controversia tras la denuncia presentada ante la Procuración por la abogada María Albarracín contra el fiscal auxiliar Julio Brandán. Según publica Diario Info Salta, la letrada lo acusa de haberle negado el acceso al legajo de su defendido, pese a contar con una orden judicial, además de maltratarla y agredirla físicamente al cerrar la puerta en su rostro.
Según el testimonio de Albarracín y testigos del episodio al que accedió el portal salteño, Brandán habría actuado con abuso de autoridad y falta de justificación legal para impedir el acceso a la documentación. La abogada sostuvo que no es la primera vez que el fiscal auxiliar incurre en este tipo de conductas, y que su actitud violenta y negligente afecta directamente a la ciudadanía. Además, mencionó haber presenciado el destrato a otra persona que se encontraba prestando declaración en ese momento.
Según el informe, Brandán habría sido señalado en reiteradas oportunidades por abuso de autoridad y mal desempeño. Diversas fuentes coinciden en que su designación no respondió a criterios de idoneidad, sino a vinculaciones políticas. Bajo su gestión, la Fiscalía N°1 ha sido denunciada por inacción en casos graves, incluyendo hechos de violencia institucional y otras causas de relevancia para la comunidad.
La ausencia por razones de salud del fiscal titular, Sergio Castellanos, habría permitido que Brandán asuma la dirección de la fiscalía sin controles efectivos, decidiendo sobre el destino de las causas que llegan a la dependencia.
El caso de Brandán pone en evidencia la falta de supervisión sobre los funcionarios judiciales y genera interrogantes sobre la responsabilidad de la Procuración en garantizar un desempeño acorde a la función. La denuncia de Albarracín se suma a otros cuestionamientos previos, lo que abre la puerta a un debate sobre la necesidad de revisar cómo se designan y supervisan estos cargos.
Ocurrió en Rosario de la Frontera en la madrugada del 9 de enero de este año, cuando el acusado, expareja de la víctima y padre de uno de sus hijos, irrumpió sin permiso en su domicilio.
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