El diputado por Metán denunció exigencias insensibles hacia personas vulnerables y alerto sobre un posible negocio con una clínica jujeña perteneciente a un político cercano al entorno presidencial. El Ministerio de Salud de Salta salió a intervenir
Actualidad12/04/2025
Por Expresión del Sur
Esta semana, el diputado provincial Gustavo Dantur, logró frenar una medida impulsada por el Gobierno nacional obliga a beneficiarios de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral, a someterse a nuevas auditorías médicas, pero esta vez, en clínicas privadas, bajo apercibimiento de perder tal beneficio. La acción, que ya se estaba ejecutando en el departamento Metán y toda Salta, generó un fuerte rechazo y derivó en la intervención del legislador, que en un encendido discurso, repudió la medida y advirtió un posible negocio detrás de estos operativos, lo que derivó en la intervención del Ministerio de Salud.
La Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad, obliga a los pensionados a una nueva revisión médica, con el objetivo de verificar requisitos y asegurar que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes lo necesitan. Además establece que las auditorías deben llevarán a cabo a través de profesionales médicos prestadores de PAMI, en día, lugar y horario informado a través de Carta Documento.
Según detalló Dantur, las intimaciones comenzaron a llegar días atrás. "Muchas personas con discapacidad me hicieron llegar copias de las carta documento en las que se las intima a realizarse estudios complementarios en determinados centros privados". Y agregó: “a una persona postrada no podés obligarla a moverse por una orden de Buenos Aires. Esto no solo es inconstitucional, es inhumano”, expresó en la última sesión de la Cámara de Diputados.
A partir de su exposición pública, comenzaron a atarse cabos. Se conoció que la clínica privada que lleva adelante estas auditorías en el caso de Salta y Jujuy, es “Los Lapachos”, una empresa contratada por la Agencia Nacional de Discapacidad, que en Jujuy está directamente relacionada con el diputado nacional Manuel Quintar, dirigente libertario y miembro del entorno más cercano a Karina Milei, hermana del Presidente. La firma de servicios de salud, a su vez, habría contratado en Salta, a diferentes clínicas del interior. Expresión del Sur accedió a una Carta Documento donde la Agencia Nacional de Discapacidad, le indica a un beneficiario de Río Piedras, fecha y hora en que debe presentarse en la Clínica 9 de Julio de Metán.
"Una persona inválida de la zona rural, postrada en su cama, no puede viajar hasta Metán y hacer cientos de kilómetros para presentarse ante un médico, en una clínica privada cuando quien debe auditar es el médico del PAMI", explicó el diputado.
Si bien Dantur no hizo acusaciones personales, sus dichos encendieron las alarmas. Lo que comenzó como una defensa de derechos vulnerados, expuso una posible red de intereses que mezcla poder político, beneficios económicos y manejo discrecional desde Nación. “Parece que el ajuste no es para todos”, señaló con ironía el legislador, quien ya había advertido sobre el avance de medidas centralistas perjudiciales para el interior.
Sin embargo, reclamó que la situación económica que se vive en el país y, sumado la miseria que cobran, los pensionados no pueden costear gastos para exámenes médicos. "Levantamos la voz solicitándole al estado nacional, que sean ellos los que se hagan cargo del gasto que demande los estudios de las personas que tienen una pensión por discapacidad", escribió el representante de Metán en sus redes sociales.
Tras el fuerte reclamo del diputado por Metán, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta emitió un comunicado oficial aclarando que no tiene injerencia en la auditoría dispuesta por el Gobierno nacional, y que sólo se limitó a facilitar el espacio físico —en este caso, el Centro de Convenciones de Limache— a solicitud del Ministerio de Capital Humano de Nación. A su vez, la cartera sanitaria provincial ratificó su compromiso con el respeto a los derechos de las personas con discapacidad y deslindó responsabilidades sobre el procedimiento. "Vamos a coordinar con los municipios para que las auditorías se realicen en cada localidad de origen de los beneficiarios", adelantó el Ministerio.
Organizaciones sociales, referentes del ámbito de la discapacidad y legisladores provinciales respaldaron la postura de Dantur y se sumaron a la exigencia de la suspensión inmediata del operativo. Denuncian que las auditorías médicas compulsivas violan principios básicos de dignidad y accesibilidad, y remarcan que el Estado nacional no puede condicionar beneficios adquiridos a caprichos administrativos o negociaciones con clínicas privadas.
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