Prestó servicio durante 25 años a la Policía de Salta. Hoy, enfermo de cáncer, enfrenta el abandono del Estado. El IPS le niega el tratamiento oncológico que necesita con urgencia. Su familia denuncia una burocracia inhumana que pone en riesgo su vida.
Sociedad20/04/2025
Xiomara Díaz
A los 59 años, Fernando Ramón Domínguez, policía retirado tras más de 25 años de servicio a la comunidad salteña, enfrenta hoy una batalla implacable contra el cáncer de riñón con metástasis en los huesos. Pero el padecimiento de Fernando no solo radica en la enfermedad, sino en el abandono sistemático por parte del Instituto Provincial de Salud, el organismo que debería garantizarle el acceso a su tratamiento oncológico, denunció su esposa Mariela Mónica Mamani.
El 11 de febrero, la vida de Fernando y su familia dio un giro dramático al recibir el diagnóstico de cáncer avanzado. En ese momento comenzó una lucha que, lejos de terminar con el tratamiento, se transformó en una serie interminable de trámites, negativas y dilaciones que hacen la espera aún más insoportable. Según su esposa, el proceso de autorización para los medicamentos indispensables se convirtió en una pesadilla administrativa, que no solo pone en riesgo la salud de Fernando, sino que pone en evidencia las grietas de un sistema de salud público insensible ante el sufrimiento humano.
A pesar de que los médicos indicaron la necesidad urgente de quimioterapia, la respuesta del IPS ha sido dilatoria. El 11 de marzo, Fernando fue sometido a una cirugía para extirparle el riñón afectado. Al finalizar el procedimiento, se presentó la historia clínica completa y el oncólogo preparó el tratamiento necesario, que incluye dos tipos de medicamentos: uno oral y otro inyectable. Sin embargo, el IPS rechazó la solicitud en dos ocasiones, alegando que la historia clínica no estaba completa y posteriormente, que solo se requería un medicamento, a pesar de la recomendación médica clara de dos fármacos.
En este contexto, Mamani denunció que las gestiones que deberían ser simples se transformaron en un laberinto burocrático. Tras varios rechazos, la documentación fue enviada a una auditoría en la provincia del Chaco, lo que retrasó aún más la resolución del caso. "La vida de Fernando no está en manos de una auditoría; está en manos de un médico", expresó angustiada su esposa, quien ya no sabe qué más hacer para acelerar el proceso.
La situación se agrava con el paso del tiempo. La primera sesión de quimioterapia estaba programada para el 9 de abril, pero aún no se ha concretado. Fernando, mientras tanto, experimenta un deterioro acelerado de su salud. "Hoy necesita más de un calmante para soportar el dolor. Apenas puede caminar", relató Mariela, quien se convirtió en un rostro visible del dolor y la desesperación frente a la indiferencia del sistema.
El costo de los medicamentos necesarios para su tratamiento asciende a más de 13 millones de pesos, una cifra inalcanzable para la familia, que no cuenta con los recursos para afrontar tal suma. Frente a este panorama, Mariela está considerando organizar una colecta solidaria si no recibe una respuesta urgente. "Cada 20 días necesita una nueva dosis. No hay margen de error", advirtió, mientras el tiempo sigue corriendo.
La familia ha recurrido a todos los canales posibles; concejales, diputados, funcionarios del Ministerio de Salud, y redes sociales. Sin embargo, las respuestas han sido nulas. Según empleados del IPS, las intervenciones de la actual administración del organismo generaron aún más demoras debido a la necesidad de múltiples firmas y autorizaciones, lo que agrava aún más la situación de Fernando.
Mariela no pide favores, sino que exige que se respete el derecho básico a la salud. “Fernando trabajó toda su vida para el Estado, y ahora, cuando más lo necesita, debe pelear por algo que le corresponde por derecho”, remarcó. La familia, que ya experimenta el dolor físico de la enfermedad, enfrenta ahora un sufrimiento innecesario producto de la ineficiencia de un sistema que parece ignorar la urgencia de su situación.
A medida que las horas y los días transcurren sin respuesta, Mariela solo desea una cosa; que su esposo reciba el tratamiento que necesita para seguir luchando por su vida. “El tiempo que ellos pierden en trámites, nosotros lo perdemos en vida. Y Fernando quiere vivir. ¡Quiere vivir!”, concluyó con la voz quebrada, pero decidida a seguir luchando por su marido y por el derecho que le corresponde.
Mariela solicita a la comunidad salteña y a la sociedad en general que viralicen su caso y presionen para que las autoridades del IPS y el Ministerio de Salud aceleren la entrega de los medicamentos necesarios. Además, está considerando organizar una colecta solidaria para reunir los fondos necesarios en caso de que el tratamiento no sea cubierto por el sistema de salud.
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