La Justicia Federal imputó a Adrián Antonio Vera, su pareja y un guardiacárcel por una maniobra delictiva dentro del Complejo Penitenciario NOA III. El fiscal Toranzos los acusa de confabularse para ingresar estupefacientes al penal.
Judiciales14/06/2025
Por Expresión del Sur
En el marco de una investigación iniciada en junio de 2024, el fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal, imputó a Adrián Antonio Vera por los delitos de confabulación para el comercio de estupefacientes en concurso real con cohecho activo. Vera se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario Federal NOA III, cumpliendo una condena por el robo de caños del Gasoducto NEA en Aguaray, causa en la que también fue juzgado el exintendente Jorge Enrique Prado.
La nueva imputación alcanzó también a su pareja, Jazmín Valeria Borruto, por cohecho activo, y al agente penitenciario Gustavo Adolfo Lazo, quien fue acusado de confabulación, cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El acto procesal se formalizó el 29 de mayo pasado ante el Juzgado Federal de Garantías N.º 1, a cargo de Julio Bavio, doce días después de que Vera completara su pena de tres años y ocho meses por robo agravado en despoblado y en banda, con uso de documentación apócrifa.
Durante el proceso investigativo se detectaron maniobras para ingresar estupefacientes al penal, que habrían sido coordinadas desde el interior del establecimiento carcelario. Según el fiscal, Vera mantenía comunicaciones con Lazo, quien presuntamente actuaba como nexo para el ingreso de la droga. En esas charlas, que fueron intervenidas judicialmente, se habló de entregas de dinero, sustancia fraccionada, y otros beneficios a cambio de la operatoria ilícita.
En una conversación del 31 de mayo de 2024, Lazo consultó si debía “sacar algo”, a lo que Vera respondió que ya había hecho una compra para el lunes y que necesitaba “hacer un poco de merca”. También se registraron diálogos donde Vera reclamaba un trato exclusivo y pedía que no se abasteciera a otros internos con celulares o droga, para así monopolizar el negocio dentro del penal.
Como parte del intercambio, habría efectuado al menos 32 transferencias bancarias a nombre de su pareja, por un total estimado en 7,5 millones de pesos. Según las pruebas, también ofreció teléfonos celulares, vehículos e incluso un terreno, a fin de compensar los favores recibidos.
Las escuchas telefónicas revelaron además que la relación entre Vera y el penitenciario se tensó en varias oportunidades por desacuerdos sobre la forma de fraccionar los estupefacientes y por reclamos de Lazo respecto de “servicios extras” no remunerados. En otro tramo, el agente expresó que no podía manipular droga en su casa por la presencia de su familia, lo que derivó en nuevos entredichos entre ambos.
La fiscalía sostuvo que estos elementos prueban la existencia de una confabulación criminal y solicitó medidas coercitivas, dado el riesgo procesal que implicaría la libertad de los imputados. El juez federal Julio Bavio hizo lugar a la declaración de legalidad de las detenciones, autorizó la formalización de la investigación penal preparatoria por 120 días y habilitó las pericias sobre los dispositivos electrónicos secuestrados.
Respecto al agente penitenciario, se informó que fue suspendido de sus funciones en la División Producción del Complejo NOA III por disposición administrativa. La investigación sigue su curso con foco en el posible entramado de complicidades internas que facilitó el ingreso de estupefacientes al establecimiento.
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