Lograron respaldo de todos los bloques del Senado, excepto La Libertad Avanza, para que la Nación reparta los ATN y lo recaudado por el impuesto a los combustibles. El presidente podría quedar sin margen para vetar.
Política04/07/2025
José Alberto Coria
El conflicto entre Javier Milei y los gobernadores sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando los mandatarios provinciales cumplieron con su advertencia y presentaron dos proyectos de ley para que el Gobierno nacional reparta recursos clave a las provincias. Lo hicieron con un respaldo político contundente: consiguieron las firmas de senadores de todos los bloques, incluso de sectores aliados al oficialismo, dejando aislada a La Libertad Avanza.
Los proyectos apuntan a que la Nación distribuya automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y también lo recaudado por el impuesto a los combustibles. El golpe político a la Casa Rosada no solo es por el contenido de las iniciativas, sino por la amplitud del respaldo parlamentario que cosecharon. Si se mantiene esa mayoría, el Gobierno nacional no tendría ni siquiera margen para sostener un veto presidencial.
Firmaron los jefes de los bloques peronistas José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino; el radical Eduardo Vischi; el macrista Alfredo De Angeli; y senadores de fuerzas provinciales como Camau Espínola (Corrientes), Mónica Silva (Río Negro) y Edith Terenzi (Chubut), todos habituales aliados del oficialismo en otros debates.
Uno de los proyectos establece el reparto automático de los ATN, argumentando que “son recursos con asignación específica que administra el Gobierno nacional pero que no son propios”, buscando así desarmar el principal argumento de Milei y su ministro Caputo.
El segundo proyecto propone eliminar una serie de fideicomisos -como los de Infraestructura Hídrica, Transporte, Energía y Vivienda- y distribuir esos fondos entre Nación, provincias y el Sistema Único de Seguridad Social. Según el texto, el 14,29% quedaría para el Tesoro Nacional, un 57,02% iría a las provincias, y el 28,69% restante al sistema previsional. Dentro de la porción provincial, el reparto sería 25% en partes iguales y 75% según el coeficiente de coparticipación.
El escenario marca un giro en la estrategia de los gobernadores, que pasaron del reclamo a la acción legislativa, con el aval de un amplio arco político que los posiciona con fuerza frente a una gestión nacional que mantiene el ajuste y la concentración de fondos.
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