Especialistas denuncian retroceso grave en control de armas con decreto de Milei

La decisión del gobierno de Javier Milei de disolver la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y restituir el obsoleto Registro Nacional de Armas (Renar) representa un paso atrás de medio siglo en las políticas de desarme en Argentina, alertan expertos y organizaciones dedicadas a la prevención de la violencia armada.

Mediante un decreto, el Ejecutivo anuló un sistema moderno y autónomo creado en 2015 para controlar de manera eficaz la tenencia y circulación de armas, debilitando las herramientas estatales para evitar el incremento de la violencia. La medida forma parte de una serie de flexibilizaciones impulsadas en los últimos meses, que incluyen la reducción de la edad mínima para adquirir armas, la habilitación de semiautomáticas y la simplificación de trámites, políticas que, según especialistas, “imitan lo peor del modelo estadounidense” y ponen en riesgo la seguridad pública.

El restablecido Renar quedó bajo la órbita directa del Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, quien ya había anticipado una línea de acción orientada a la desregulación y al desmantelamiento de organismos autónomos. Con esta decisión, la cartera que encabeza Bullrich recupera el control total sobre el sistema de registro y autorización de armas de fuego, eliminando toda instancia de fiscalización externa o especializada.

Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), señaló que la medida “es la más grave de todas” y que implica “la renuncia del Estado a promover políticas activas de prevención de la violencia armada”. La Anmac no solo cumplía funciones clave de control, registro y destrucción de armas, sino que también desarrollaba campañas de sensibilización y mantenía relevamientos estadísticos fundamentales para diseñar políticas públicas.

El Gobierno justificó el decreto bajo el argumento de reducir costos y burocracia, sin aclarar cómo se mantendrán las funciones esenciales que la ley otorgaba a la agencia. La dependencia directa del Renar del Ministerio de Seguridad reduce la autonomía y convierte en mera formalidad las políticas de control, alertan especialistas.

Organizaciones como la Red Argentina para el Desarme y Amnistía Internacional denunciaron que estas decisiones favorecen la proliferación de armas en la sociedad, incrementan la posibilidad de femicidios, accidentes y violencia armada, y facilitan el acceso del crimen organizado a armamento.

El decreto, dictado con facultades delegadas por el Congreso, evita el debate parlamentario y supone un debilitamiento institucional grave en materia de seguridad ciudadana. Frente a esto, las organizaciones exigen la inmediata revisión y rechazo del texto normativo, para evitar que la Argentina retroceda décadas en su política de control de armas.

El Gobierno de Milei insiste en promover la liberalización armamentista a costa de la seguridad pública, en un contexto donde la violencia armada ya es una problemática central. El desafío pendiente es retomar el control estatal efectivo y garantizar la protección de la sociedad frente a una medida que, sin dudas, agrava los riesgos.