La jueza Martina Forns suspendió por seis meses la aplicación del decreto presidencial que ordenaba la disolución de Vialidad Nacional, al hacer lugar a una cautelar presentada por el gremio Sevina.
Actualidad17/07/2025
Por Expresión del Sur
La Dirección Nacional de Vialidad no podrá ser disuelta, al menos por los próximos seis meses. Así lo dispuso la jueza en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de San Martín, Martina Forns, quien hizo lugar parcialmente a una medida cautelar de no innovar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), en el marco del decreto 461/2025 firmado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 8 de julio.
La resolución judicial ordena al Estado Nacional que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo derivado del decreto, que contemplaba la disolución definitiva del organismo vial. También impide la adopción de medidas como reubicaciones, cesantías, traslados, pases a disponibilidad o supresión de estructuras vinculadas a Vialidad Nacional.
“Teniendo en cuenta que en esta etapa preliminar del proceso se verifican circunstancias graves y objetivas, ello justifica el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, expresó la magistrada en su fallo.
En su resolución, la jueza Forns fundamentó la medida en principios de derecho constitucional y laboral, al señalar que tanto la Constitución Nacional como convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —con jerarquía constitucional en el país— impiden que el Estado, en su carácter de empleador y regulador, modifique de forma unilateral condiciones laborales establecidas por normas colectivas vigentes. En particular, citó los convenios N.º 87, 98 y 151 de la OIT.
La presentación judicial del gremio Sevina había solicitado también que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del decreto presidencial, pero la jueza consideró que ese análisis exige un estudio más profundo y complejo, con producción de prueba y debate en etapas posteriores del proceso.
La medida cautelar tendrá vigencia por un plazo de seis meses, durante el cual el Poder Ejecutivo no podrá avanzar con ninguna acción vinculada a la eliminación del organismo. El decreto 461/2025 formó parte del plan de reestructuración del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei, que contempla la reducción de entes, empresas y organismos públicos.
La decisión judicial representa un freno provisorio a esa iniciativa en uno de los sectores clave de la infraestructura nacional, con impacto directo en las obras viales, el mantenimiento de rutas y la situación laboral de cientos de trabajadores.
Ahora, el expediente continuará con la tramitación de fondo, donde se evaluará la validez constitucional del decreto y su impacto sobre los derechos laborales vigentes. Mientras tanto, Vialidad Nacional seguirá operando sin alteraciones durante al menos medio año.
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