Empleado judicial de Metán condenado por traficar drogas hacia Rosario

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó este jueves a Daniel Fernando Aponte, empleado del fuero penal provincial, a 7 años de prisión por considerarlo coautor de transporte agravado de estupefacientes, en el marco de una maniobra destinada a la distribución de 23 kilos de marihuana en Rosario de la Frontera.

Los magistrados Marta Snopek (presidenta), Gabriela Catalano y Diego Matteucci también dictaron 6 años de prisión para Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna, quienes participaron en la operación con roles subordinados de logística y transporte. La sentencia incluyó el decomiso de la camioneta Kia Sorento utilizada para el traslado, perteneciente a la empresa de transporte Aponte SRL, de la que el funcionario judicial es socio.

La fiscal subrogante Paula Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, dirigió la investigación desde su inicio, con colaboración de la auxiliar fiscal Vanina Pedrana y el abogado José Manuel Lavilla. La fiscalía había solicitado penas de 7 años para Aponte y Peralta, y 6 años para Luna.

Según el escrutinio probatorio, Aponte lideró la operación criminal: facilitó el vehículo, supervisó el transporte y coordinó la defensa de Luna, instruyéndolo para abstenerse de declarar. Peralta ejerció funciones de control logístico y seguimiento de la ruta, mientras que Luna cumplió el rol de transportista, conduciendo la droga desde Orán hasta Rosario de la Frontera, donde se proyectaba su distribución.

El operativo se inició el 21 de diciembre, durante un control vehicular de la Gendarmería Nacional sobre la ruta provincial 5, en la ciudad de Joaquín V. González. La inspección reveló paneles ocultos modificados en la camioneta, donde se hallaron 24 paquetes de marihuana con un peso total de 23,663 kilogramos, equivalentes a 438.304 dosis individuales, suficiente para casi 13 dosis por habitante de la localidad de destino.

Durante el juicio, la fiscal Gallo expuso que la droga incautada representaba un riesgo significativo para la salud pública y para la convivencia comunitaria, destacando que Rosario de la Frontera registra altos índices de consumo de estupefacientes y delitos vinculados a la adicción. Asimismo, subrayó que los acusados residían en la ciudad, lo que configura un agravante por afectar directamente a su propia comunidad.

La investigación se sustentó en pericias técnicas, análisis de comunicaciones y testimonios de efectivos de la Gendarmería, que permitieron acreditar la cadena de mando, la estructura delictiva y la participación diferenciada de cada implicado. Se comprobó que Aponte ejercía control absoluto sobre la operación, mientras Peralta supervisaba la logística y Luna transportaba el estupefaciente.

Además, se acreditó que Aponte intervino en la defensa estratégica del transportista, contratando un abogado y coordinando su testimonio, para garantizar el éxito de la maniobra criminal. Los tres imputados se abstuvieron de declarar ante el tribunal.

El fallo rechazó los planteos de la defensa respecto a participación secundaria o involuntaria, confirmando la responsabilidad penal de los tres imputados como coautores de un delito agravado por el número de intervinientes y la magnitud del cargamento. La resolución constituye un precedente relevante en la lucha contra la narcocriminalidad, destacando la coordinación entre la fiscalía, la Gendarmería Nacional y el Poder Judicial federal en Salta.