YPF: al fin una política de Estado que termina en una nueva grieta de la dirigencia

El fallo favorable para la Argentina en la causa YPF dejó una buena noticia judicial, pero también volvió a mostrar lo peor de la política argentina: la necesidad desesperada de apropiarse de cualquier resultado.

Para entender el tema hay que ir al origen. En 2012, el Estado, de la mano del entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof y bajo el mando de la presidenta Cristina Kirchner, expropió el 51% de YPF que estaba en manos de la empresa española Repsol y el Grupo Petersen -familia Eskenazi-. La discusión judicial no fue tanto si el país podía expropiar -porque podía hacerlo-, sino si al tomar el control estaba obligado también a lanzar una oferta por el resto de las acciones, como establecía el estatuto de la empresa.

Si algo estaba mal antes, también está mal ahora..

Sobre ese punto se montó la demanda impulsada luego por Burford Capital -conocido fondo buitre que adquirió derechos de los Eskenazi- en tribunales de Nueva York: que la Argentina violó reglas societarias de YPF al no hacer esa oferta.

La defensa argentina sostuvo durante años otra cosa: que ningún estatuto empresarial puede estar por encima de la Constitución ni de la facultad soberana del Estado para expropiar por utilidad pública. Y ahí está lo importante: ese argumento no lo inventó Milei, ni lo sostuvo un solo gobierno.

Lo defendieron, con matices, cuatro gobiernos distintos -Cristina, Macri, Alberto y Milei-, siete procuradores y dos estudios jurídicos internacionales. Es decir: hubo continuidad, y en la Argentina eso casi siempre es noticia.

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Por eso molesta tanto la reacción política de estas horas. El oficialismo quiso vender el fallo como una victoria propia. El kirchnerismo, como una reivindicación automática de la expropiación. Ambos reducen un tema de Estado a una pelea de tribuna.

La verdad es más incómoda y más seria: esta vez funcionó algo que casi nunca funciona en el país, que es sostener una estrategia más allá del color político.

No es épica. No es pureza institucional porque tampoco faltaron operadores, lobistas ni movimientos paralelos. Pero aun así, la línea central de defensa no se rompió.

Y esa es la verdadera noticia. En un país donde cada gobierno llega para desarmar lo anterior, el caso YPF deja una enseñanza simple: cuando la Argentina sostiene una posición en el tiempo, se defiende mejor.

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En lugar de asumir el fallo como una rara y valiosa política de Estado, la dirigencia volvió a hacer lo que mejor sabe: convertir un logro colectivo en una disputa miserable de egos y banderas. Mientras el país conseguía una señal jurídica importante en un tema sensible, la política eligió otra vez el camino más corto y más pobre: reabrir la grieta.

Y así, en estas horas, las redes sociales se llenaron de discusiones intestinas, acusaciones cruzadas y apropiaciones berretas de un resultado que, justamente, debería haber servido para mostrar que la Argentina puede defender intereses comunes más allá de sus gobiernos. Pero no. Otra vez ganó la mezquindad.