“Este defensor no hizo nada, ni siquiera presentó la documentación que acredita que mi madre compró el terreno de buena fe en los años 2000. Nos tratan de ignorantes y la quieren dejar sin hogar”, asegura una hija de la mujer de 76 años
Judiciales29/08/2024
Por Expresión del Sur
Un escandaloso hecho de violencia judicial golpeó a una familia vulnerable de Las Lajitas que con ayuda de vecinos, resiste al desalojo de su vivienda, ordenado por la Justicia de Anta. Hay indignación ante un caso que deja en evidencia serias irregularidades en el sistema de defensa del poder judicial del sur salteño.
Aseguran que Virgilio Ángel Varela, defensor oficial del juzgado local, no presentó las pruebas que demostraban la propiedad de la familia de Felisa Dávila, una mujer de 76 años que convive con su hija discapacitada y una madre soltera con dos niños. La increíble negligencia provocó que la jueza Patricia Rahmer (según la palabra de una de las hijas de la damnificada) ordenara el desalojo, a pesar de existir medidas cautelares que lo impedían.
Según publica hoy diario InfoSalta, la pesadilla comenzó cuando Marta, una de las hijas de la mujer de 76 años, denunció la inacción de Varela y la complicidad de los jueces.
La hija de la adulta mayor, quien reside en Santa Fé manifestó: “este defensor no hizo nada, ni siquiera presentó la documentación que acredita que mi madre compró el terreno de buena fe en los años 2000. Nos tratan de ignorantes y la quieren dejar sin hogar”, Marta debió viajar a Las Lajitas hace dos meses para acompañar a su familia y presentar toda la documentación ante la justicia.
La orden de desalojo fue emitida por los jueces Patricia Rahmer y Sebastián Guzmán, ignorando una medida cautelar emitida el viernes 23 de agosto que establecía la prohibición de innovar sobre el terreno en disputa.
Marta contó a este medio que, a pesar de esta orden, el lunes siguiente un juez de paz llegó con unos 30 policías armados para expulsar a su familia de su hogar. “Se violaron los derechos de los niños y de mi hermana discapacitada. Ver cómo los humillaban fue desgarrador”, expresó con indignación.
El terreno en cuestión fue adquirido de manera legal, y la familia posee dos boletos de compraventa que lo certifican. Sin embargo, Varela no presentó estos documentos, dejando a la familia sin defensa ante las acusaciones de Apolo Fernández, un supuesto propietario que, según Marta, vende terrenos sin tener en cuenta los derechos de quienes allí residen desde hace décadas.
La comunidad de Las Lajitas se movilizó rápidamente para defender estas mujeres y niños, evitando que el desalojo se llevara a cabo en medio de un despliegue policial desproporcionado. Vecinos y testigos denunciaron la brutalidad del operativo y la falta de intervención de la Asesora de Menores, a pesar de la presencia de niños en la vivienda.
“Las mandaron a la calle como si fueran delincuentes, pero es una familia que compró su terreno con sacrificio y trabajo. Esto es una injusticia que no podemos permitir”, afirmó Marta.
Al ser consultada si evalúa iniciar acciones legales a este funcionario público y a los jueces involucrados indicó: “Me gustaría que se haga justicia no tan solo por mi familia, sino por otras familias y también espero que reconozcan que se equivocaron”.
Por su parte, el abogado Mariano Sitelli, quién actualmente representa a la familia, denunció la inacción de Varela y las graves irregularidades del proceso. “La jueza Rahmer y el juez Guzmán autorizaron un desalojo sin fundamentos, ignorando pruebas y medidas cautelares. Esto no es solo un error, es una violación flagrante de los derechos de esta familia”, aseguró.
La indignación en Las Lajitas crece a medida que se conoce la historia de esta familia que, pese a contar con documentos que prueban su propiedad, intentaron expulsarlas violentamente de su hogar. Los vecinos, enfurecidos por la falta de justicia, exigen que se investigue la actuación de los funcionarios judiciales involucrados.
Este caso pone en evidencia la fragilidad y la falta de empatía del sistema judicial, que en lugar de proteger a los más vulnerables, los expone a situaciones de abuso y violencia. “No estamos pidiendo caridad, solo justicia. Queremos que reconozcan que se equivocaron y que esto no le pase a ninguna otra familia”, concluyó Marta, con la esperanza de que su voz y la de su familia no sean ignoradas por quiénes tienen el poder de hacer justicia.
Fuente: InfoSalta
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