El aumento de las tarifas y las falencias en la calidad del servicio eléctrico en los departamentos de Orán y San Martín siguen siendo temas centrales de preocupación para los usuarios. A través de medidas provinciales y nacionales, se buscan mitigar los impactos, pero los desafíos estructurales persisten.
Interés General10/03/2025
Por Expresión del Sur
La situación tarifaria del servicio eléctrico en la provincia de Salta, y particularmente en los departamentos de Orán y San Martín, se ha visto signada por un cúmulo de dificultades que afectan tanto a los usuarios residenciales como comerciales. La creciente preocupación por las tarifas y la calidad del servicio se intensificó en los últimos años, generando una serie de reacciones tanto por parte de las autoridades competentes como de los propios habitantes.
Los factores que inciden en este panorama están vinculados a un proceso inflacionario que, en los últimos dos años, alcanzó el 578,3%, y que golpeó de manera directa el costo de los servicios públicos. Sumado a ello, la reciente declaración de emergencia del sector energético nacional, dispuesta mediante el Decreto PEN N° 55/23 y prorrogada por el Decreto PEN N° 1023/24 hasta el 31 de diciembre de 2024, puso en evidencia las dificultades de un sistema que parece no dar respuestas rápidas a la creciente demanda.
Además, la política energética nacional adoptó la premisa de déficit cero, lo que ha impulsado la reducción de los subsidios tarifarios, lo que, a su vez, ha generado un aumento sostenido en los precios de la energía. En tal contexto, se han establecido cupos de consumo y una actualización de valores que ha resultado en un ajuste significativo en las facturas de los usuarios.
Como respuesta a este complejo panorama, el Gobierno de la Provincia de Salta tomó medidas para mitigar el impacto de los aumentos en los departamentos del norte. En particular, se implementó la tarifa diferencial por zona cálida, la cual otorga un descuento del 50% a los usuarios de las zonas más afectadas por el calor, como Orán y San Martín. Esta medida, que beneficia a más de 100.000 personas, fue aplicada entre los meses de noviembre y marzo, con un límite de consumo de 500 kWh mensuales.
A esta tarifa diferencial se le suma el sistema de tarifa social, el cual permite a aquellos hogares con bajos ingresos pagar solo el 56% del costo de la tarifa común. De acuerdo con los datos oficiales, más de 120.000 usuarios se han visto beneficiados por este descuento, lo que alivia parcialmente los efectos del aumento en las tarifas.
Uno de los problemas más graves que enfrentan los departamentos de Orán y San Martín es la deficiencia en la infraestructura eléctrica, que ha sido motivo de numerosas quejas por parte de los usuarios. La baja calidad del suministro y la interrupción constante del servicio son algunas de las dificultades que se han hecho más evidentes en los últimos años.
A esta situación se le suma el elevado número de conexiones irregulares, que no solo perjudican la estabilidad del sistema eléctrico, sino que también representan una importante pérdida económica para las empresas prestadoras del servicio. En total, se estima que alrededor de 27.000 familias en la región se conectan de manera ilegal a la red eléctrica, lo que genera un sobrecosto en la distribución de energía y sobrecarga las redes.
De acuerdo con los informes emitidos por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), las pérdidas ocasionadas por las conexiones clandestinas en los departamentos de Orán y San Martín alcanzan una cifra alarmante de 23.692.165 kWh anuales, lo que equivale a un valor de 1.776.912 dólares. Esta situación no solo afecta a las empresas, sino que también repercute en la calidad del servicio que reciben los usuarios.
En un intento por mejorar la calidad del servicio y garantizar una mayor estabilidad en el suministro eléctrico, las autoridades provinciales han destinado recursos significativos para la mejora de la infraestructura. Se han proyectado inversiones de 4.121 millones de pesos para los departamentos de Orán y San Martín en el año 2025, lo que incluye obras destinadas a mejorar la distribución de energía y reducir las interrupciones en el servicio.
A su vez, el Ente Regulador implementó un sistema de sanciones más severo para las empresas distribuidoras que no cumplan con los estándares de calidad establecidos, con el fin de evitar mayores deficiencias en el servicio.
A pesar de las medidas adoptadas, el futuro de la tarifa eléctrica en Salta sigue siendo incierto. Los aumentos en los costos de la energía y las dificultades estructurales del sistema eléctrico continúan siendo un desafío para los usuarios, que ven cómo sus facturas aumentan cada mes sin una mejora sustancial en la calidad del servicio.
Sin embargo, la implementación de políticas como la tarifa diferencial y la tarifa social brindan algo de alivio a los sectores más vulnerables de la población. A pesar de ello, es necesario que las autoridades continúen trabajando para resolver los problemas de infraestructura y frenar las pérdidas ocasionadas por las conexiones irregulares.
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