Causa Vialidad: cómo se calculó el monto que deberán devolver CFK y los condenados

La reciente ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema reavivó una de las preguntas clave de la causa conocida como “Vialidad”: ¿de dónde surge el monto que la expresidenta y los demás condenados deberán devolver al Estado?

Según el fallo del Tribunal Oral Federal N°2, la exmandataria y otros exfuncionarios fueron condenados, además de a 6 años de prisión, al decomiso solidario de $84.835 millones. Esta cifra, calculada en diciembre de 2022, se originó a partir de dos elementos fundamentales:

• La cartelización de la obra pública en Santa Cruz que benefició a las empresas de Lázaro Báez.
• El sobreprecio promedio del 20% en las licitaciones, según determinó la Justicia.

Además de estos dos factores, el tribunal tuvo en cuenta los daños derivados del abandono de obras, los pagos por modificaciones contractuales, y las redeterminaciones de precios. Todo esto fue auditado y actualizado en su momento por peritos, elevando un cálculo inicial de $831,5 millones a los $84.835 millones mencionados en el fallo.

Sin embargo, ese monto aún no es definitivo: debe actualizarse al momento de ser ejecutado. Si se toma como referencia la inflación oficial (IPC), la suma rondaría hoy los $650 mil millones, según estimaciones. La actualización deberá ser realizada por organismos técnicos bajo orden judicial.

El decomiso no se aplicará sólo a Fernández de Kirchner, sino que deberá ser pagado de forma solidaria por todos los condenados, aunque el fallo no detalló qué porcentaje le corresponderá a cada uno. Especialistas en ejecución penal explican que esos valores dependerán del grado de participación individual en el delito.

¿Y si no pagan?

La Justicia fijó un plazo de 10 días para que los condenados depositen el monto. Si eso no ocurre, se procederá al embargo y ejecución de bienes: propiedades, vehículos, cuentas bancarias u otros activos.

El dinero recuperado pasará a formar parte del presupuesto del Poder Judicial, salvo que el tribunal disponga un destino específico, como en los casos de trata o narcotráfico. En esta oportunidad, los fiscales del caso, Diego Luciani y Sergio Mola, propusieron que los fondos se utilicen para fines sociales concretos, como salud, educación, vivienda e infraestructura.

“La suma decomisada debe servir para compensar el grave daño causado al Estado”, afirmaron. Ahora, la decisión sobre el destino final queda en manos del Tribunal Oral.

En una Argentina golpeada por las crisis sucesivas, esta causa se convierte también en un símbolo: no sólo de corrupción, sino del debate sobre cómo deben repararse los delitos cometidos desde el poder.