Saravia: “Hay empresarios parásitos que desvían fondos y no invierten en el servicio”

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta formalizó ante la Unidad Fiscal Federal una denuncia penal contra la empresa de transporte de energía eléctrica Transnoa S.A., por presuntas irregularidades y deficiencias en la prestación del servicio en la provincia. La presentación judicial se fundamenta en graves incumplimientos contractuales, falta de inversión y omisión de mantenimiento en la red eléctrica, que habrían derivado en reiterados cortes de suministro y perjuicios a los usuarios.

El presidente del organismo, Carlos Saravia, explicó que la denuncia incluye la presunta comisión de varios delitos. “Estamos denunciando un probable fraude por desbaratamiento de derechos acordados, el delito de entorpecimiento de los servicios públicos, porque no solamente se impide abastecer la energía eléctrica, sino también el servicio esencial del agua potable y las comunicaciones”, señaló.

Saravia agregó que uno de los aspectos más sensibles se vincula con los usuarios electrodependientes. “En relación con ese conglomerado de usuarios tan frágiles, podría configurarse la figura penal de abandono de personas”, sostuvo, al tiempo que también hizo referencia al posible incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Esta empresa es concesionaria del servicio y omite, retacea u oculta información que, de hacerse pública, podría motivar la rescisión del contrato”, explicó.

Según el titular del Ente Regulador, el fondo de la cuestión radica en la falta de inversión por parte de la empresa. “A Transnoa se le paga con la tarifa que, con mucho sacrificio, abonan los usuarios de seis provincias. Solo en el caso de Salta, este año percibe 25 mil millones de pesos por el transporte de energía, pero no invierte esa plata en la mejora del servicio”, sostuvo. En ese sentido, fue categórico al afirmar que “hay empresarios parásitos que desvían fondos o los destinan a otros fines”.

La denuncia presentada solicita que la Fiscalía Federal disponga pericias contables y técnicas, además de informes que permitan determinar el destino de los recursos y las causas de las deficiencias registradas. “Los directivos de Transnoa deberán explicar qué hacen con lo que recaudan, por qué no hay personal en las estaciones transformadoras y por qué las instalaciones —excepto la de la capital— se encuentran cerradas y sin personal”, añadió Saravia.

El funcionario recordó que el Ente Regulador presentó previamente siete denuncias ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en las que se acredita que Transnoa demora entre 3 y 10 horas en resolver inconvenientes técnicos. En cuanto a los hechos más recientes, mencionó que “hace dos meses se cayeron dos columnas de alta tensión en Cafayate, demoraron ocho horas en llegar y aún no las reemplazaron”, y que en Rivadavia “se quemó un transformador que debía durar 25 años y solo funcionó ocho”.

Saravia describió que la situación refleja una falta de control y mantenimiento sistemática. “Cuando una empresa cobra una tarifa, no invierte en el servicio y se lleva el dinero, hay una estafa. Los perjudicados son el Estado y los usuarios”, afirmó. En ese marco, consideró que es necesario terminar con la impunidad de las grandes concesionarias. “No puede ser que solo vaya preso el que roba gallinas. Estos son de guante blanco y también deben ser investigados”, sentenció.

Transnoa presta servicios en seis provincias del norte argentino, con una red de 52 mil kilómetros y apenas 336 empleados, lo que, según el Ente Regulador, explica las demoras y deficiencias operativas. “Cuando se cae un árbol sobre una línea demoran 10 o 12 horas en encontrarlo porque no tienen grúas ni cuadrillas”, ejemplificó Saravia, quien también apuntó contra la falta de inversión del Estado nacional. “Desde el cambio de gobierno no se destinó un solo peso a la infraestructura eléctrica, y el anterior tampoco lo hizo”, dijo.

El titular del Ente Regulador advirtió que la falta de mantenimiento podría derivar en nuevas interrupciones del servicio hacia fin de año. “Se está hablando de apagones y situaciones críticas. Nosotros estamos señalando las responsabilidades. Esperamos que los fiscales estén a la altura de las circunstancias”, expresó. Finalmente, sostuvo que el objetivo de la denuncia es garantizar transparencia y cumplimiento de las obligaciones contractuales. “Hay 25 mil millones de pesos que no sabemos dónde van, y queremos que se inviertan en el servicio, como corresponde. Si no lo hacen, debe rescindirse el contrato y permitir que otra empresa trabaje como la ley exige”, concluyó.