Aumentan los pagos a prestadores de discapacidad, pero las críticas persisten

El gobierno nacional anunció este miércoles un incremento del 29% al 35% en los valores del nomenclador que regula las prestaciones para personas con discapacidad. La medida fue comunicada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), organismo que continúa bajo intervención tras la salida de su titular anterior, Diego Spagnuolo, en medio de un escándalo por presuntas irregularidades.

El ajuste anunciado es el primero del año y se aplicará de manera escalonada entre los meses de octubre y diciembre. Según el comunicado oficial, “la decisión busca fortalecer el sistema de atención y asegurar que las prestaciones superen la inflación prevista para 2025”.

Sin embargo, organizaciones de prestadores advirtieron que la medida es insuficiente. Según el informe de Prestadores Unidos MDP, en los últimos dos años los valores prestacionales quedaron rezagados frente a la inflación: mientras que en 2024 la actualización fue del 74,9%, la inflación alcanzó el 117,8%, y en 2023 la diferencia entre aranceles y aumento de precios superó los 100 puntos porcentuales.

La ley de emergencia en discapacidad, sancionada por el Congreso, prevé una compensación por el desfase acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, pero su implementación sigue sin aplicarse. Desde el sector sostienen que el anuncio de Andis, lejos de cumplir con esa normativa, constituye un alivio parcial que recién se reflejará en la economía de los prestadores hacia 2026.

“El aumento beneficia a profesionales que brindan servicios esenciales, como transporte, internaciones, atención médica y apoyo educativo y laboral, garantizando continuidad en la atención de los usuarios”, señalaron desde Andis en su comunicado.

Por su parte, Prestadores Unidos MDP cuestionó la medida: “Después de más de un año de silencio, la Andis anuncia incrementos escalonados que no representan la verdadera aplicación de la ley. Esta decisión perpetúa un modelo de precarización y abandono; no es un ajuste, es una limosna disfrazada de técnica”, indicaron.

La polémica se centra en la negativa del Ejecutivo a aplicar la ley de emergencia, que permitiría ajustar los aranceles de manera integral conforme a la inflación acumulada, y mantiene en tensión al sector mientras los prestadores continúan reclamando una actualización que reconozca la inflación real y la sostenibilidad de los servicios.