Cuando la Justicia habla poco, la desconfianza crece

Opinión03/02/2026José Alberto CoriaJosé Alberto Coria
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Hay una frase que se repite casi como un eco cada vez que un caso judicial sacude a una comunidad del interior: “la causa está en investigación”. A eso se le suman variantes conocidas: “se ordenaron medidas”, “se están reuniendo pruebas”, “no se descartan hipótesis”. Formalmente, son expresiones correctas. Comunicacionalmente, muchas veces resultan insuficientes.

El caso Cuéllar volvió a poner sobre la mesa una discusión que en el interior salteño no es nueva: la distancia entre la Justicia y la sociedad cuando la información escasea. No se trata de violar el secreto de sumario ni de adelantar conclusiones. Se trata de comprender que el silencio prolongado también genera efectos.

policía jvgCaso Cuéllar: un medio de Anta expuso trabas para acceder a información oficial

Cuando la información oficial es mínima, el espacio se llena solo. Lo ocupan rumores, interpretaciones, sospechas y versiones sin confirmar. Y en tiempos de redes sociales, ese fenómeno se multiplica a una velocidad imposible de controlar. La consecuencia es conocida: crece la desconfianza, se erosiona la credibilidad institucional y se instala la sensación de que algo se oculta, aun cuando no sea así.

La Justicia tiene sus tiempos y sus reglas, y eso es saludable en un Estado de Derecho. Pero la comunicación pública también forma parte del servicio de justicia. Informar con prudencia no significa informar menos, sino informar mejor: explicar qué se puede decir, qué no y por qué.

En comunidades como las nuestras, donde todos se conocen y los hechos impactan de manera directa en la vida social, la necesidad de claridad es aún mayor. No para satisfacer el morbo, sino para llevar tranquilidad y evitar que la incertidumbre se transforme en enojo o descreimiento.

Tal vez el desafío no sea solo investigar bien, sino también comunicar mejor. Porque cuando la ciudadanía pierde confianza en sus instituciones, el daño es más profundo que cualquier expediente.

La pregunta que queda flotando no es jurídica, sino social: ¿cuánto cuesta emitir un parte que explique, aunque sea en términos generales, qué se está haciendo y cuáles son los límites de lo que se puede informar?

A veces, unas pocas certezas bien comunicadas valen más que muchos silencios prolongados.

Columna de opinión: José Alberto Coria

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