



En los últimos meses, el presidente Javier Milei ha elegido un camino preocupante: convertir al periodismo en enemigo. No es una crítica puntual ni un desacuerdo con una cobertura. Es una descalificación generalizada que ubica a la mayoría de los periodistas en el lugar de “despreciables”.
Así, en la Argentina se instaló una idea tan cómoda como peligrosa: creer que el periodismo define quién gana y quién pierde elecciones. No es cierto. Y repetirlo, desde el poder, solo sirve para desviar la discusión de fondo.
El presidente ha señalado este miércoles, que la mayoría de los periodistas son “despreciables”. Es una acusación grave. Pero también es una simplificación que no resiste el menor análisis.


Con “este periodismo”, como suele llamarlo, gobernaron el peronismo, el kirchnerismo, el PRO y hoy gobierna La Libertad Avanza. Es decir: el voto de la gente no lo define una redacción. Lo define la realidad, el bolsillo, las expectativas y, sobre todo, la decisión individual de millones de argentinos.
Si la pauta publicitaria determinara elecciones, la historia reciente sería otra. Hubo momentos en que sectores del poder contaron con amplios recursos para influir en el sistema mediático y, sin embargo, perdieron. También ocurrió lo contrario. La conclusión es incómoda pero clara: la sociedad no es manipulable de manera lineal.
El periodismo puede influir, claro que sí. Puede investigar, incomodar, revelar. Como ocurrió con trabajos que marcaron época, entre ellos los de Jorge Lanata, que expusieron tramas de corrupción y generaron impacto público. Pero influir no es decidir. Informar no es votar.
Reducir todo a “ensobrados” es, en el fondo, negar la complejidad de una sociedad que piensa, discute y elige. Y también es desconocer que dentro del propio sistema político -en todos los espacios- existen dirigentes, funcionarios y legisladores que ejercen su rol con honestidad, con vocación pública y sin necesidad de descalificar al otro.
El periodismo, como cualquier actividad, puede y debe ser cuestionado. Pero una cosa es la crítica y otra muy distinta es el descrédito sistemático. Cuando se cruza esa línea, no se daña solo a un sector: se debilita el derecho de la sociedad a estar informada. No se puede naturalizar que desde la máxima investidura del país se alimente un discurso que degrada una profesión entera. No se puede pedir objetividad mientras se promueve el desprecio. Y no se puede exigir silencio frente a eso.
No se trata de defender corporaciones ni privilegios. Se trata de defender un principio básico: el poder debe rendir cuentas y el periodismo debe poder preguntar. Más claro aún, las decisiones económicas, sociales y políticas no son del periodismo. Son del Gobierno. Informarlas no es un ataque: es una obligación.
La Argentina necesita más debate y menos etiquetas. Más argumentos y menos descalificaciones. Porque cuando todo se reduce a enemigos, lo que se pierde no es una discusión: es la posibilidad de entendernos como sociedad.
El periodismo no vota. Votan los argentinos. Y cuando se intenta convertir a todos los periodistas en enemigos, lo que está en juego no es una profesión: es el derecho de la sociedad a saber.


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