Editorial: El peso de la palabra pública

En un contexto donde las redes sociales han transformado la comunicación y el debate político, es necesario reflexionar sobre el impacto que las acciones de quienes ocupan cargos públicos pueden tener en la sociedad. Recientemente, un caso en Salta ha dejado en evidencia la magnitud del daño que puede causar el uso irresponsable de la palabra, particularmente cuando proviene de quienes tienen una responsabilidad directa en el bienestar de la comunidad.

El caso de un diputado nacional imputado por intimidación pública al crear cuentas falsas para difamar a opositores, periodistas y empresarios, es más que un simple episodio judicial. Nos enfrenta a una doble reflexión: los efectos que esta conducta tiene sobre la vida democrática y sobre las personas directamente afectadas.

Daño institucional:

La confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas es fundamental para el funcionamiento de la sociedad. Cuando un dirigente público utiliza el poder de las plataformas digitales para atacar, mentir y crear confusión, no solo está violando principios éticos, sino también minando la confianza que el pueblo deposita en las instituciones. La democracia se sustenta en la libertad de expresión y en el respeto a las ideas diversas, pero cuando el debate se convierte en un terreno de ataque y desinformación, se pone en peligro el propio sistema democrático. La política debe ser un espacio de diálogo, construcción y respeto; utilizarla como un campo de batalla para destruir a rivales mediante falsedades socava las bases mismas de nuestra convivencia.

Daño personal:

Sin embargo, el daño más profundo se refleja en las personas que son objeto de estos ataques. Detrás de cada acusación, de cada mentira difundida, hay seres humanos que, como cualquier otro, tienen derecho a su dignidad y a ser tratados con respeto. Los ataques no solo afectan a la imagen pública de los involucrados, sino que también golpean sus vidas personales, sus familias y sus trayectorias profesionales. La desinformación y la intimidación pública crean un clima de inseguridad, ansiedad y desconfianza que impacta directamente en quienes son atacados, llevándolos a vivir bajo la sombra de un daño emocional y social que puede ser irreversible.

En este sentido, es crucial recordar que las palabras tienen poder, y más aún cuando quien las emite tiene una responsabilidad pública. Los dirigentes, al estar al frente de la toma de decisiones y representar a la sociedad, deben ser ejemplo de respeto, transparencia y ética. Su responsabilidad no solo es política, sino humana, porque sus acciones repercuten en la vida de las personas que están a su alrededor.

Llamado a la reflexión:

Hoy más que nunca, necesitamos una reflexión profunda sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo. Un clima de desinformación y ataques personales no solo erosiona la democracia, sino que también destruye la confianza entre los ciudadanos. El respeto por la dignidad humana debe ser inquebrantable, y los responsables públicos deben ser conscientes de que su palabra tiene consecuencias tanto en el plano institucional como en el plano personal.

Es momento de que todos, en la política y en la sociedad, pongamos un freno a las prácticas que atentan contra la convivencia y el respeto mutuo. La política debe ser el espacio donde se encuentran soluciones, no el terreno donde se destruye la reputación y la paz de las personas.

José Alberto Coria | Director de Expresión del Sur