Animales sueltos, una vieja deuda que puede empezar a saldarse

En Anta, Metán y Rosario de la Frontera, los animales sueltos en la ruta no son novedad: son parte de una postal repetida y dolorosa que viene costando vidas, heridos, pérdidas materiales y hasta la muerte innecesaria de los propios animales. Durante años, se escucharon quejas, promesas, advertencias. Pero poco cambió. La Ley Provincial 8495, recientemente puesta en vigencia, abre por fin una posibilidad concreta de saldar esa vieja deuda en materia de seguridad vial. La clave, claro está, será que se aplique de verdad.

La norma no deja margen para el descuido. Establece multas económicas importantes, arrestos de hasta 120 días y cargos por manutención del animal mientras esté bajo custodia del Estado. También impone un plazo de cinco días para que el propietario lo retire, o perderá definitivamente la posesión. En el caso de ganado mayor, las sanciones se agravan. Es un cambio de paradigma: ya no alcanza con pedir responsabilidad, ahora hay consecuencias reales.

Animales sueltos: ahora los dueños pueden ir presos en Salta

La pregunta, sin embargo, es si esta ley va a dejar el papel para convertirse en política concreta, especialmente en zonas rurales donde el problema se naturalizó. En las rutas de nuestra región, los animales sueltos no son hechos aislados: son una amenaza constante. En la ruta nacional 34, en tramos de la 16 o en caminos provinciales de Anta y Metán, las denuncias se acumulan y los accidentes también. Solo en 2025, la Policía secuestró más de 1.150 animales en la provincia. El dato no sorprende, pero indigna.

La negligencia de muchos propietarios ha sido parte del problema. Animales sin marca, sin alambrados seguros, sin control. Se los ve cruzar por avenidas, por rutas y por la banquina como si fueran parte del paisaje. Pero no lo son. Son parte de un sistema roto. Y en ese sistema, cuando ocurre un accidente, todos pierden. Pierde el conductor que se salva de milagro o que termina en el hospital. Pierde la familia. Pierde también el animal, que paga con la vida el descuido ajeno.

No se trata solo de castigar. Se trata de prevenir. De asumir, por fin, que lo que no se resolvió en décadas hoy puede empezar a cambiar. Pero no será posible sin voluntad política, sin controles efectivos y, sobre todo, sin un cambio profundo de conducta por parte de los dueños. El Estado debe garantizar los medios, pero los ciudadanos deben asumir su parte.

La Ley 8495 no es una solución mágica, pero es un paso serio en el camino correcto. Si se aplica con firmeza y sin excepciones, puede marcar un antes y un después en la seguridad vial del interior de Salta. Ojalá así sea. Porque ya hemos lamentado demasiado. Y esta deuda, la que se paga con vidas humanas y animales, hace mucho que debería haberse saldado.

Por José Alberto Coria